Romualdo
Maestre
Abc
de Sevilla
Hay
vacaciones de ensueño para no olvidar y de pesadilla, donde lo más importante
es pasar página cuanto antes. Que se lo cuenten a las ocho adolescentes
sevillanas de 20 años que decidieron este verano irse al pueblo almeriense
de Mojácar. Primero les timaron con el apartamento que habían alquilado
vía internet, donde nada de lo que habían visto por la red coincidía con la
realidad. Tuvieron que poner una denuncia. Entonces buscaron sobre la marcha un
chalet adosado donde alojarse. Esa noche del viernes decidieron no salir debido
al disgusto.
«Nosotros somos trabajadores de clase media, nuestras hijas, todas universitarias, jamás han tenido un comportamiento anómalo, son educadas, y ahora nos viene esta multa de 601 euros a cada una, que la verdad, nos descoloca, creemos que son totalmente desproporcionadas»
Era
su primer día de asueto. Entonces, sin previo aviso, a la una de la
madrugada reciben la visita de dos agentes de la Policía Local.
Estaban vulnerando la estricta ordenanza contra el ruido. La misma que los
empresarios de hostelería llaman la «Ley del silencio». No era una llamada al
orden, ni un apercibimiento previo, ni una reconsideración del problema, era
simple y llanamente una denuncia en toda regla con papel, bolígrafo e
identificación de las infractoras. El problema es que lo que se creía que iba a
ser una denuncia colectiva, donde el hecho punible era el ruido que había en la
casa, se convirtió en individual: cada una de las ocho chicas sevillanas ha
recibido una multa por una «infracción grave» de 601 euros; 4.808 euros en
total. Y menos mal que aplicaron, dentro de la escala de las graves, la más
baja, ya que estas pueden llegar a los 1.500 euros. Las «muy graves» van de 1.501 a los tres mil.
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| Ros Mari Cano, alcaldesa |
Los
padres de las chicas no salen de su asombro. Reconocen que sus hijas les han
manifestado que calladas no estaban, «lo propio de la edad en unas vacaciones»,
aclara uno de los afectados, que prefiere mantener el anonimato porque han
puesto este asunto en manos de un abogado de Mojácar para que recurra por
vía judicial lo que consideran un «atropello». «Nosotros somos trabajadores de
clase media, nuestras hijas, todas universitarias, jamás han tenido un
comportamiento anómalo, son educadas, y ahora nos viene esta multa de 601 euros
a cada una, que la verdad, nos descoloca, creemos que son totalmente desproporcionadas»,
explicaba ayer.
La
férrea normativa contra el ruido del Ayuntamiento de Mojácar no es un
tema nuevo. Ya cuando se debatió en la primavera de 2013 y se aprobó en julio
levantó muchas críticas. Una cosa es que se prohiba dentro de las viviendas
realizar en horas de descanso obras y otra muy distinta es que no se pueda «correr,
saltar, patinar, bailar, taconear, hacer funcionar aparatos de música,
instrumentos musicales y electrodomésticos, arrastrar muebles u objetos y
cualquier otro acto o comportamiento susceptible de causar molestias por
ruido», incluido por supuesto, dar también un portazo muy fuerte.
El
padre que pone en conocimiento estos hechos añade que además, en 2014, se
endureció aún más la famosa ordenanza contra el ruido, y «exime a los agentes
de llevar un sonómetro que compruebe y deje constancia los hechos denunciados,
lo que añade más indefensión y arbitrariedad».
