Emilio
Ruiz
Se está
produciendo estos días una intensa campaña de recogida de firmas, a través de
la plataforma Change.org, para solicitar a la Junta de Andalucía la supresión o bonificación
íntegra del Impuesto de Sucesiones. “Nuestros padres fallecen –dicen los
promotores- y, según la Ley
del Impuesto de Sucesiones, la
Junta de Andalucía nos cobra a sus herederos aproximadamente
el 40 % del valor de la vivienda, y, por no tener posibilidades económicas,
habría que malvender la casa o renunciar a dicha herencia”. “No es justo”,
añaden, “que después del esfuerzo de nuestros padres y haber tributado con
creces por su casa con otros impuestos (Plusvalías, IBI, etc.), es decir, doble
tributación, no revierta en sus hijos”.
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| A veces la herencia es un problema |
Durante el año pasado 478 almerienses renunciaron a su herencia. En los
últimos siete años las renuncias a en Andalucía han pasado de 1.417 a 5.978. La razón
está principalmente en los elevados impuestos que cobra nuestra administración
autonómica. Mientras en Andalucía se castiga a los herederos, la mayoría de
comunidades autónomas han establecido bonificaciones que reducen el impuesto
hasta dejarlo en casi inexistente.
En Andalucía, los bienes que recibe cada heredero están exentos del Impuesto
de Sucesiones si el valor de lo heredado no supera los 175.000 euros. Todo lo
que pase de esa cifra coloca a Andalucía como la comunidad con el impuesto de
sucesiones más caro. “Es
una doble tributación clarísima, porque se está penalizando un patrimonio que
pertenece a la familia y que quien lo ganase en su día ya pagó los impuestos
correspondientes por él”, explica el abogado Álvaro Villar, de la consultora
UHY Fay & Co.
“En una herencia de 800.000 euros, un andaluz pagaría 164.049 euros, mientras un gallego pagaría 55.180 euros y un madrileño, tan solo 1.585 euros. Mayor disparate es imposible”
Para ilustrar esta
diferencia de tributación entre comunidades, el Consejo General de Economistas
ha puesto un ejemplo. Se trata de un joven de 30 años que acaba de recibir una
herencia de 800.000 euros de su padre, de los cuales 200.000 corresponden al
valor de la vivienda del fallecido. Si es andaluz tendría que pagar 164.049
euros. Si es gallego pagaría tres veces menos, 55.180 euros. Y si fuera de
Madrid la cantidad descendería a los 1.585 euros. Mayor disparate es imposible.
El acuerdo de
investidura firmado por el PSOE y Ciudadanos en Andalucía recoge una
disminución progresiva del gravamen del Impuesto sobre Sucesiones. Juan Marín,
el líder andaluz de C´s, lo tiene claro: “No es
lo mismo tener que pagar el Impuesto de Sucesiones en Andalucía que en
Valencia, Madrid o Baleares. Por eso hay quienes optan incluso por establecer
su residencia en una comunidad autónoma vecina para que, cuando fallezca, la mayor
parte de sus bienes no se la quede el Estado”. Es lo que se conoce como
“emigración fiscal”, que muchos andaluces ya practican.
El Partido Popular va a
aprovechar el debate de los presupuestos de Andalucía para plantear una rebaja
de dos puntos en el tramo autonómico del IRPF y la eliminación progresiva del Impuesto
de Sucesiones y Donaciones. C’s, por su parte, ya ha anunciado que no apoyará
los presupuestos de 2016 si no se empiezan a rebajar estos tributos. El PSOE
también llevaba en su programa electoral el descenso del IRPF y Sucesiones.
Pero, al menos hasta hoy, aún no ha aclarado si ese compromiso surtirá efectos
con el estreno del año.