Javier Salvador
Editor de Teleprensa
Se
perfectamente que es poco ortodoxo, que me van a tachar de alarmista, que
posiblemente ésta sea un piedra que se va a volver contra mi, porque ya me lo advirtió
mi primer director de periódico: “Nunca le toques los huevos al poder judicial
ni al Ministerio de Hacienda”. Pero hay veces que no se trata de tocar los
huevos, pero tampoco puedes mirar a otro lado y permitir que sigan llegando
cadáveres a la orilla. Por eso es momento de que historias como ésta le lleguen
a Jesús María García Calderón, fiscal jefe de Andalucía, para que ayude con
medios, o como quiera, a Antonio Pérez Gallegos, fiscal jefe de Almería, y que
puedan descubrir cómo una discoteca que ha sido denunciada durante doce años de
forma sistemática tiene tanta suerte que una sanción que puede llevar a su
cierre se quede en un cajón del área de Urbanismo de Almería hasta que caduque
y sea archivada sin remedio alguno.
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| Discoteca Cibeles |
Desde
el año 2002 un grupo de vecinos de Almería viene denunciando que no pueden
conciliar el sueño porque en un local que fue concebido como cine instalaron
una discoteca sin que tomasen medidas de insonorización adecuadas. El local
primero fue de Juan Asensio, empresario de cines y demás películas que fue
asesinado en un ascensor de su casa. Luego pasó a manos de Giuseppe D´Amico,
empresario hostelero y demás fiestas que también apareció asesinado y
torturado, aunque éste no en su casa sino en un cortijo cerca de Almería.
Independientemente
de dueños, que al fin y al cabo abren sus locales si les deja el Ayuntamiento,
los vecinos mantuvieron reuniones, y hasta pidieron favores para verse con
concejales que antes de llegar a un cargo público hubiesen perdido el culo
porque les viesen con esas mismas personas tomando una caña.
Pero
les han engañado una y otra vez hasta el punto de que descubrieron que durante
años ese local estuvo abierto sin licencias, y tras pillarles se las dieron
todas en el mismo día. Y todo está en el mismo expediente a disposición de
fiscales y oposición, que vuelvo a recordar en esta columna, suman la mayoría
absoluta de los votos del pleno y con ellos pueden forzar lo que quieran, desde
una moción de censura a la dimisión de un concejal, o la apertura de una
comisión de investigación.
Volvamos
a la petición de ayuda. De
lo que se trata es de que alguien, y entiendo que tiene que ser un órgano
judicial como la fiscalía, debe investigar si es normal que pase desapercibida
una sanción a una discoteca que desde el mes de enero de este año ha salido en
todos los medios de comunicación locales, ocupando un notable protagonismo
durante la campaña electoral y que, mientas tanto, alguien olvidase
tramitar una sanción que habría provocado su clausura.
Y
pueden interpretar que es una casualidad, pero ya veremos lo que pasa con el
acta que la Policía
Local de Almería levantó el 7 de junio de 2015, con
mediciones de hasta 32,1 decibelios en una zona marcada como prioritaria en el
mapa del ruido de Almería. ¿Qué ocurriría si esa segunda denuncia también se
archivase? ¿Correrá ese riesgo el Ayuntamiento de Almería?
El
área de Urbanismo de Almería ya está siendo investigada, entre otras cosas,
porque UPyD presentó una denuncia que ha puesto patas arriba no sólo el plan
Urban, sino varios años de historia municipal. Resulta que el jefe de servicio
está a punto de comerse un marrón de campeonato porque era su mujer la que
figuraba como administradora de una empresa copropietaria de Facto, la empresa
que ha ganado buena parte de los concursos públicos de los últimos años.
Imagino que los políticos que le pusieron de jefe tendrán algo que decir.
El
hermano del actual concejal de Urbanismo trabaja o trabajaba para esta sociedad
y aún no sabemos si Fernández Pacheco, el concejal, formó parte de alguna
comisión, tribunal u órgano selector que le diese alguna obra a esta empresa. Y
hay mucho, mucho más, pero que se pongan como se pongan, no es responsabilidad
de periodistas o columnistas denunciar constantemente, entre otras cosas porque
corremos riesgos como los que ya conoce la propia fiscalía de Almería.