Pedro M. de la Cruz
Director de La Voz de Almería
Era 20 de octubre de 2009. Los responsables judiciales de la operación apenas pudieron conciliar el sueño aquella madrugada. Algunos de ellos habían quedado en una cafetería de los entornos del campo de fútbol a las ocho de la mañana; ninguno llegó tarde. El ambiente era tranquilo y apuraron el café con una serenidad más aparente que real mientras esperaban el sonido de la señal en el móvil.
No muy lejos de allí Juan Enciso ya había acudido a su cita diaria durante años en el bar donde cada mañana tomaba café. Aquel día la conversación se demoró y su camino hacia el Ayuntamiento se retrasó unos minutos. Quienes apuraban el café a mil metros de la Plaza Mayor no pudieron evitar mirar el reloj con un atisbo indisimulable de impaciencia. Desde varias horas antes de que amaneciera, decenas de policías permanecían apostados en los alrededores de veinte viviendas y doce empresas de El Ejido, Almerimar, Almería, Sevilla y Madrid preparados y dispuestos para efectuar más de treinta registros judiciales cuando la jueza diera la orden de entrada.
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| La Voz de Almería de hoy |
El móvil sonó pasadas las nueve y media de la mañana y veinte minutos más tarde la voz se escuchó alta, clara y con autoridad en el Ayuntamiento ejidense: "Esto es un registro judicial, levántense de sus puestos, no cojan sus teléfonos móviles y permanezcan alineados en los pasillos".
Desde aquella mañana en la que se desarticuló la banda que durante años había presuntamente saqueado la hacienda municipal apropiándose de decenas de millones de euros hoy se cumplen seis años menos dos días, 2189 noches a las que todavía no se les atisba el amanecer de la vista oral en la que se diriman las responsabilidades a que haya lugar, se recupere el dinero robado y se penalice a los culpables del mayor escándalo de corrupción conocido en Almería y uno de los mayores de Andalucía y España.
La pregunta que surge inevitable es qué condicionantes existen para que el caso aparezca condenado a su eternización mientras los presuntos culpables esperan desde la libertad, cuando no desde la soberbia, el comienzo del juicio. La respuesta a este interrogante no hay que buscarla en el recurso fácil de la impericia de los agentes judiciales que intervinieron o continúan interviniendo en el caso; ni en la torpeza de los agentes policiales y periciales que participaron en la Operación o participan, desde aquella mañana, en las investigaciones posteriores. La razón de esta eternidad irrazonable -seis años menos dos días de instrucción ya, que se dice pronto- es la carencia de medios con que trabaja la Justicia en España.
El relato judicial en nuestro país es un campo minado de subterfugios legales en el que bajo el irrenunciable amparo garantista del justiciable se parapetan abundantes argumentos jurídicos al servicio de las defensas para dilatar hasta casi el infinito la instrucción. Pero con ser inquietante esta utilización interesada de los vericuetos legales para aplazar sentencias que no se presumen favorables, lo más inquietante es que, en este como en otros procesos de similar cuantía y entidad, existe la convicción de que los agentes judiciales y policiales que intervienen en su instrucción y en la aportación de pruebas no cuentan con medios suficientes para llevar a cabo su labor.
"Lo peor de todo es que estas situaciones sólo provocan desaliento, cuando no desconfianza"
Desde que los españoles aprobáramos la Constitución del 78 han sido muchas las modernizaciones llevadas a cabo en casi todas las instituciones del Estado. Bueno, pues de todas ellas, la menos favorecida con la adecuación a las necesidades de la sociedad es el de la administración de Justicia.
En el Caso Poniente lo recurrente, por fácil, sería achacar la dilación en la instrucción no terminada aún de esta macrocausa a la incuria de los agentes judiciales, a los cambios acaecidos en el juzgado instructor o a la incapacidad de todos los intervinientes en el proceso. Estas causas, ciertas en algún caso -la jueza fue trasladada a Granada y sustituida por otro juez y éste, a su vez, por otro- pueden acarrear consecuencias indeseadas pero, en modo alguno, justifican esta tardanza interminable.
Todos los indicios apuntan a la dificultad de construir con exquisita e inapelable minuciosidad el relato pericial de la Agencia Tributaria en el que sustentar parte de las acusaciones que penden sobre los imputados. Hacienda somos todos, pero sus medios son limitados en las investigaciones y, en temas como el caso Poniente, los Eres, la Gúrtel, los papeles de Bárcenas o la Púnica, en los que tiene competencia investigadora este ministerio, las cosas van más despacio de lo razonadamente admisible. En el caso concreto de la Operación Poniente no por culpa de quienes intervienen en la investigación, sino por la escasez de los medios de que disponen.
Lo peor de todo es que estas situaciones sólo provocan desaliento, cuando no desconfianza. Y es que cuesta trabajo asumir como lógico que a un trabajador se le pueda concluir con urgencia un expediente por presunto fraude fiscal y a una banda organizada para, presuntamente, robar centenares de millones, la instrucción se acerque (con riesgos prescriptivos) a una historia interminable en el que los presuntos ladrones puedan continuar exhibiendo con impudicia su soberbia obscena por las calles por las que pasean los miles de ciudadanos honestos a los que robaron a manos llenas.