Rafael M. Martos
Director de Noticias de Almería
Hace
unos días conocíamos un nuevo informe de la Guardia Civil en el
que se pide la imputación del parlamentario andaluz y secretario general del
PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, y esta pasada semana se hacía
pública una información en la que se apunta a que el Ayuntamiento de Almería
habría recalificado unos terrenos en el nuevo PGOU, que habría beneficiado al
presidente del Partido Popular, Gabriel Amat, también presidente de la Diputación y alcalde de
Roquetas de Mar.
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| Ramón Fdez. Pacheco |
Pero
las reacciones han sido muy distintas. Lo que de momento es sólo una noticia
periodística desmentida en sus principales elementos por los aludidos, se salda
con la petición de una comisión de investigación por parte de toda la
oposición, mientras que en el caso del líder socialista no ha habido ni media
palabra del PSOE, ni de Izquierda Unida, ni tampoco de Ciudadanos. Se trata,
insistimos, de la segunda vez que la Guardia Civil pide la imputación de Sánchez
Teruel… algo que parece ser un indicio más sólido que una publicación en
prensa.
No
parece que haya sido casualidad que dicha noticia saliera al día siguiente en
que Fernández-Pacheco se convertía en alcalde en funciones tras la dimisión de
Luis Rogelio Rodríguez para dedicarse a la batalla electoral en la que espera
revalidar su acta en el Senado. Y es que se trata de un asunto relacionado con
el urbanismo, el área que hasta este momento estaba en manos de quien será el
próximo alcalde si Ciudadanos cumple la palabra dada de abstenerse en el pleno
de investidura.
Pero
claro, pedir una comisión de investigación por una revelación periodística a
los diez minutos de estar el periódico en el kiosko es llamativo, y que a ella
se sume ni más ni menos que el concejal Miguel Cazorla que, curiosamente, es el
presidente de la Comisión
de Urbanismo donde se habría gestado este asunto de ser cierto; pero es más,
que el PSOE entre al trapo cuando ya tiene la experiencia de que sus
arremetidas judiciales contra Amat se han estrellado siempre, que tienen a su
líder provincial al borde de la imputación definitiva, y que al final si esa
recalificación se lleva o no a efecto será por decisión de la Junta de Andalucía,
institución responsable de la ordenación del territorio; pues bien, todo eso
deja bien claro cuál es el fondo de la cuestión.
Desde
luego que Noticias de Almería no es El País, pero cuando publicamos hace ya dos
años la existencia de una subvención al COJMA de 180.000 euros (de los de hace
diez años) que el presidente de dicho organismo, Juan Megino, no pidió y que
tampoco conoce que llegara tal dinero… no pasó nada; y cuando contamos que
formaba parte de la partida 31L investigada por ser la de los ERE fraudulentos,
pues tampoco pasó nada, como cuando dijimos que la Junta solicitaba su
devolución y que eso era el reconocimiento de la ilegalidad de la misma…
tampoco nadie en Almería dijo esta boca es mía, como ahora, cuando la Comandancia de la Guardia Civil apunta
a varios socialistas como responsables del fraude. ¿Alguien ha pedido una
investigación política de esto? No.
Fernández-Pacheco
estuvo cuatro años al frente de la concejalía de Cultura, y comenzó esta
Corporación dando el salto a primer teniente de alcalde y a ocuparse de
Urbanismo. Si existiese alguna responsabilidad sobre alguna presunta
ilegalidad, es evidente que no sería suya, pero seguramente a la oposición le
agradará la imagen del alcalde compareciendo en una comisión de investigación
argumentando los meses que lleva en Urbanismo, los mismos que Cazorla
presidiéndola, por cierto.
Esto
de las comisiones de investigación es como decía el economista Stuart Chase,
que quien cree, no necesita pruebas, y quien no cree, no las necesita.
