Emiliano Domene Fernández
Concejal de IU en el Ayuntamiento de Huércal de Almería
El nacimiento en el año 2007 de la Ley de la promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia supuso
un indudable avance social ya que se trata de un sistema de prestaciones de
carácter público y universal dirigido hacia los más débiles de nuestra
sociedad, aquellas personas que por razones derivadas de la edad, enfermedad o
discapacidad, necesitan de la ayuda de otras personas para realizar las
denominadas Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD). La activación del Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAAD) debería de haber generado la aparición de un nuevo
colectivo de trabajadoras y trabajadores con un empleo de calidad en
consonancia con la importancia de su labor y convertirse en útil instrumento
contra el desempleo.
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| Dependencia / Foto: Club59más |
Pero la realidad es que se trata de un sector laboral muy
precarizado, poco valorado social y económicamente, con bajas retribuciones y
un gran desconocimiento general de cuáles son las funciones que deben de
realizar las auxiliares de ayuda a domicilio y hasta donde abarcan sus
responsabilidades. No se debe confundir dar un servicio con ser sirvientes.
"Ha sido sistemática la vulneración de derechos de muchas trabajadoras de la ayuda a dependencia"
La externalización llevada a cabo por la mayoría de las
Administraciones ha significado que se desentiendan de un servicio publico y su
vertiente laboral. Ha sido sistemática la vulneración de derechos de muchas
trabajadoras de la ayuda a dependencia que cobran en muchos casos entre 4 y 5
euros por hora mientras el coste del servicio está estimado en 13, quedándose
grandes empresas el resto como beneficios.
Lamentablemente estas concesionarias
parecen más interesadas en recortar los derechos de las trabajadoras que en
prestar un servicio eficiente a la ciudadanía. Suelen ser frecuentes los
atrasos en el cobro de las nóminas, los incumplimientos de convenios y se
recurre a argucias para no abonar los pluses de desplazamientos y festivos, o
lo que es peor, en muchas ocasiones se utiliza a estas trabajadoras en
enfrentamientos entre Administraciones de distinto color político. Es inadmisible que haya empresas que se beneficien con
dinero público mientras mantienen en una situación de precariedad laboral y de
vulneración de derechos a las trabajadoras.
"Con el objeto de garantizar la calidad en la atención, se está abordando la progresiva profesionalización del colectivo"
Con el objeto de garantizar la
calidad en la atención, se está abordando la progresiva profesionalización del
colectivo, pero esta debe ir acompañada de una dignificación de las condiciones
sociolaborales en que se ejerce la profesión con una nueva política de gestión
que conlleve mayor reconocimiento, remuneración y calidad en el empleo.
Desde Izquierda Unida lo tenemos claro, es necesaria una
atención directa y 100% pública. Debemos evitar que una empresa privada haga
negocio con un asunto tan delicado consiguiendo a la vez un ahorro de gastos
para las arcas públicas.
Es fundamental cuidar a las cuidadoras, aquellas
personas que tienen la importante labor de garantizar la mejora de
la calidad de vida de la parte mas débil de nuestra sociedad y visualizar estas
ayudas como fundamentales e intocables, de la misma manera que algunos damos
por descontado el derecho a una sanidad y a una educación pública.
El camino es
largo y no exento de complicaciones, pero el objetivo claro, un servicio de
carácter público y universal, con garantías laborales y con la calidad que
nuestros dependientes necesitan y se merecen.
