Juan
Folío
José
Cara, del Partido Popular, puede volver a ser alcalde de La Mojonera apenas unos
meses después de verse en la oposición, lugar que pasaría a ocupar el actual alcalde
independiente, José Miguel Hernández, que accedió a la alcaldía el pasado 24 de
mayo trss conseguir su formación, Tod@s, seis actas de con concejal, los mismos
que el Partido Popular. Todo depende de la ratificación de la moción de censura
que junto a los populares ha firmado el único concejal socialista, Francisco
Navarro.
El
portavoz y único concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de La Mojonera , Francisco
Navarro, abandonó la secretaría general del PSOE local hace unas semanas. Entonces
ya se oía el rumor de que era el primer paso para un cambio de alcaldía. Los
argumentos que exponen los siete concejales que firman la moción de censura son
muy variados: deterioro progresivo del Gobierno local, incapacidad para afrontar
cuestiones políticas en defensa del municipio, incapacidad de alcanzar
acuerdos, gestión contraria a los intereses del municipio, etc.
"Esa persona que pidió ayuda jurídica para denunciar lo que creía bochornoso e irregular es la misma que está dispuesta a sentar en el sillón al señor Cara", ha manifestado Adela Segura
La
respuesta de los socialistas locales no se ha hecho esperar. Ha pedido a la Comisión Ejecutiva
Provincial la inmediata expulsión del concejal por "gran fraude hacia todo
el socialismo". La secretaria general de Política Municipal e
Institucional del PSOE de Almería, Adela Segura, ha pedido a Navarro que
explique públicamente los motivos por los que ha decidido apoyar una moción de
censura junto al PP para arrebatar la alcaldía a los independientes, máxime
cuando él "lideró las iniciativas" para llevar "al PP ante los
tribunales" por su gestión en el Consistorio en mandatos anteriores. "Esa
persona que pidió ayuda jurídica para denunciar lo que creía bochornoso e
irregular es la misma que está dispuesta a sentar en el sillón al señor
Cara", ha manifestado Adela Segura a Europa Press.
Artículo
de Teleprensa:
Un
tránsfuga del PSOE entregará el próximo día 4 de enero la alcaldía de La Mojonera al PP a cambio
de un sueldo como liberado a tiempo completo y el puesto de primer teniente de
alcalde. La reacción de los socialistas no se ha hecho esperar y fuentes
autorizadas del PSOE almeriense han confirmado a Teleprensa.com que
el tránsfuga Francisco Navarro será expulsado de manera inmediata y por vía de
urgencia.
Francisco Navarro |
Navarro,
recientemente sustituido como secretario general de la agrupación local después
de cosechar un único concejal frente a los seis de Tod@s en las municipales,
una formación independiente aunque próxima a la ideología socialista, ha
decidido dar la espalda al partido por el que consiguió el acta de concejal y
ahora hará uso de los votos de los socialistas de La Mojonera para poner en el
sillón de primer edil al mismo político que hace unos meses denunció ante la
fiscalía por presunta corrupción.
El
escándalo es de tales proporciones que se baraja la posibilidad de que el
propio Partido Popular desautorice esa moción invocando los principios que le
hicieron suscribir el pacto antitransfugismo, toda vez que se ha puesto precio
a la recuperación de la alcaldía, consistente en una liberación económica a
tiempo completo como teniente de alcalde.
El
tránsfuga que ahora pretende sentar a José Cara en el sillón de alcalde, un
modesto empresario agrícola de la zona, lideró en 2014 el grupo de concejales
del PSOE de La Mojonera
que emplearon más de año y medio en poder reunir todas las pruebas incluidas en
una querella contra Cara, ante los numerosos “obstáculos” que puso el alcalde
para que la oposición pudiera acceder a los expedientes, según denunció
públicamente el portavoz socialista en el Ayuntamiento y secretario general del
PSOE local de la época, Francisco Navarro. Para el entonces portavoz
socialista, lo ocurrido en su municipio constituía un “escándalo mayúsculo”
ante el cual el alcalde debería dar “las explicaciones pertinentes”.
Los
hechos denunciados afectan a siete expedientes distintos, por actividades
mantenidas por el Ayuntamiento con las filiales del grupo Hispano Almería
Gesponiente y Alcosan, por un lado; además de con la empresa Coalsa, por otro
lado.
José Miguel Hernández |
En
la denuncia se recuerda que en el año 2005, José Cara compró acciones de
Gesponiente, un hecho que debía haber incluido en las declaraciones de bienes y
actividades presentadas tanto en el Ayuntamiento de La Mojonera , por su
condición de alcalde, como en el Parlamento de Andalucía, pero que no figura en
ninguna de ellas.
Con
esta compra, Cara pasó a ser accionista de una empresa que se beneficiaría
posteriormente de dos operaciones firmadas con el Ayuntamiento: la enajenación
de una parcela municipal en el sector 1, adjudicada a Gesponiente por 255.846
euros, y la permuta de unos terrenos municipales por otros de esta empresa, valorados
ambos en 840.000 euros. Se da la circunstancia de que Gesponiente había
comprado los terrenos que permutó con el Ayuntamiento apenas unos meses antes,
con un valor catastral de 300.506 euros, de modo que esta operación supuso
importantes ganancias para la empresa.
Además
de estas dos operaciones, la querella también señala las irregularidades
presuntamente cometidas por el alcalde de La Mojonera en la
adjudicación de cinco obras municipales, realizadas por Construcciones Almería
SA (Coalsa) y por Construcciones Alcosan Almería SL, esta última filial del
grupo Hispano Almería.
Se
trata de las obras de adecuación y mejora del Centro Cultural (adjudicadas por
605.849 euros), el complejo deportivo de la calle Rosaleda (adjudicado por 296.000
euros), el Museo de la
Agricultura (adjudicado por 172.850 euros), el Centro de Usos
Múltiples (por 738.336 euros) y la reconversión ecoenergética y medioambiental
del Recinto Ferial (por otros 700.358 euros). Estas cinco obras fueron
adjudicadas con informes desfavorables de la secretaria del Ayuntamiento, del
interventor municipal o de ambos, que advirtieron de que no se podían licitar
los trabajos porque no estaba acreditado que los terrenos fueran de propiedad
municipal y porque, en algún caso incluso, no existía disponibilidad
presupuestaria. Pese a estos reparos, el alcalde adjudicó las obras, lo que a
juicio de los denunciantes constituiría un caso de prevaricación penal.