Emilio
Ruiz
El
consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha
empezado el año con una ‘buena nueva’: un decreto para sustituir los trámites
previos de autorización de 36 actividades económicas por una declaración
responsable de que se cumplen las exigencias legales. “Permitirá –dice- ahorrar
una media de seis meses a la hora de abrir un negocio, fomenta el crecimiento
económico y, con él, la creación de empleo, y potencia la eliminación de trabas
como un factor de competitividad que anime a la actividad económica".
Cuando uno ve cómo un responsable político habla con tanta euforia de las
bondades de una medida administrativa, es inevitable preguntarse algo así como
“joío, y sin tan bueno es eso, ¿cómo no se os ha ocurrido antes?”.
Burocracia |
El
problema burocrático de las Administraciones española y andaluza es ancestral.
Con el paso del tiempo, el problema, lejos de resolverse, se ha agravado.
Reconozco que carezco de datos para ratificar o desmentir su veracidad, pero en
el resto de España abunda la creencia de que la Junta de Andalucía es la
administración autonómica más burocratizada de España. Lo he comentado alguna
vez: en cierta ocasión me preguntaron en Madrid si era verdad que en Andalucía,
para mover un esparto, había que pedir permiso a la Junta. “Si lo del esparto
me lo dices de forma específica, es cierto”, respondí, “en Andalucía, para
arrancar una mata de esparto, hay que pedir autorización a la Junta ”.
El
Gobierno andaluz debe ser consciente de que, efectivamente, las trabas
burocráticas nos ahogan. Solo así se explican tantos anuncios reparadores.
Recordemos algunos:
Enero
de 2013: El secretario general de Economía, Gaspar Llanes, informa de que la Junta revisa 1.000
procedimientos para identificar, simplificar y reducir las posibles trabas
administrativas.
Enero de 2014: Susana Díaz anuncia un proyecto de ley para la
mejora de la regulación económica con dos objetivos: eliminar las autorizaciones
administrativas que no estén justificadas y simplificar los requisitos para la
creación de empresas.
Abril de 2014: El consejero de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, informa sobre la aprobación de un Decreto
Ley de reducción de trabas administrativas para las empresas.
Septiembre de
2014: El Parlamento aprueba la Ley de
medidas para reducir trabas administrativas para las empresas, que permitirá
simplificar 64 trámites derivados de normativa autonómica y que afectan al
inicio o al desarrollo de la actividad económica.
Hace
un par de años, este mismo consejero dijo que su consejería había detectado 256
trámites administrativos que no tienen utilidad alguna. ¿Cuántos se han
eliminado? Seamos realistas: pocos.