Emilio
Ruiz
La
obligación de cualquier Gobierno –estatal, autonómico o local- es crear un
sistema legislativo y gubernamental y un ambiente político y social que
faciliten la creación de empresas y que, las que ya están, no hagan intentos de
trasladar sus centros o sede social a otros lugares. Son las empresas y los
empresarios los que generan empleo y es el empleo el que genera riqueza y
bienestar en los ciudadanos.
A
raíz de la deriva secesionista de la Generalitat de Catalunya, algunos medios se hacen
eco de la decisión de muchas empresas catalanas de trasladar sus sedes sociales
a otros lugares de España. El Gobierno catalán considera que esa información anda
lejos de la realidad. Comprobarlo no es difícil. Los principales actos
societarios –el traslado del domicilio social de una comunidad a otra lo es-
son inscritos en el Registro Mercantil y publicados en su boletín oficial. Son
varias las agencias –Axesor, Einforma, Iberinform…- que agrupan y analizan esos
movimientos societarios y los convierten en datos estadísticos. ¿Y qué dicen esos
estudios sobre el flujo de empresas entre comunidades autónomas? Veámoslo.
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| Deslocalizaciones de empresas / Expansión |
Desde
2012 hasta mediados de 2015 en España se realizaron un total de 18.056
deslocalizaciones empresariales. Madrid presenta el mayor saldo positivo con
1.543 sociedades. También, Baleares, Aragón, Galicia, Navarra, Cantabria,
Extremadura y La Rioja. Cataluña
¿Por
qué algunas sociedades deciden abandonar unos territorios para trasladarse a
otros? La respuesta tiene muchas variables, tantas como circunstancias. Son
muchas las empresas que pueden desempeñar su actividad de igual forma si tienen
el domicilio social en un lugar o en otro. Pensemos, por ejemplo, en un banco
que tiene implantación nacional o en una telefónica. Les da igual tener su
domicilio social en Madrid, en Barcelona o en Almería. Al final, lo tendrán en
el lugar que les resulte más ventajoso.
Lo
ventajoso en estos casos tiene muchos que ver con cuestiones políticas, con
confianza, con estabilidad, con regulación, con seguridad jurídica, con presión
fiscal... Las dos autonomías más perjudicadas por los trasvases societarios, Cataluña
y Andalucía, se distinguen por someter a los contribuyentes a una alta presión
fiscal. Por ejemplo, aplican los mayores porcentajes en el IRPF y los límites más
duros en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio.
