Emilio Ruiz
Los
militantes del Partido Socialista ratificaron ayer el pacto suscrito con
Ciudadanos “para conformar un Gobierno progresista y reformista”. Al no ser una
consulta vinculante, será mañana el Comité Federal quien adopte la decisión de
dar vía libre o no a esos acuerdos. Es obvio que no se pondrá objeción alguna a
lo decidido por la militancia, si bien no faltarán quienes denuncien lo que
muchos afiliados consideran como una consulta innecesaria por su ambigüedad e
inconsistencia.
El documento
suscrito entre el PSOE y Ciudadanos consta de 66 páginas que afectan a
cuestiones tan importantes como la democratización de los partidos políticos,
la despolitización de las altas instituciones del Estado, la reforma de la Ley
Electoral, la transparencia en los contratos públicos, los delitos de
corrupción, la limitación de mandatos y la protección de la sanidad y la
educación. A pesar de la importancia de esos temas, el mayor espacio del
debate, dentro y fuera del PSOE, lo ha ocupado el acuerdo de extinción de las
Diputaciones.
En
el PSOE nunca se ha celebrado un debate en profundidad sobre las Diputaciones.
Todas las decisiones que se adoptan en este sentido se hacen de forma
improvisada. En la sección de ‘Actualidad’ de la página web del partido aún
permanece colgada esta información de agosto de 2011: “Rubalcaba propone
sustituir las Diputaciones por Consejos de Alcaldes”. En las elecciones generales
de 2015, en cambio, esa cuestión desapareció. Felipe González, el icono
ideológico de los socialistas, se ha configurado como el mayor valedor de esa extinción.
“Son Administraciones redundantes”, dijo en enero de 2011. “Que las supriman de
una vez”, clamaba seis meses más tarde ante los micrófonos de la Ser, “porque no
da para eso el país". Y, en octubre de 2015, en el Foro Económico de
Caja Rural del Sur, celebrado en Sevilla, se preguntaba sobre el hecho de
contar con cuatro niveles de Administración "cuando en otros países hay
tres".
Creo
que los españoles hemos sido víctimas de un engaño histórico. Si en su día nos
hubieran dicho que la división territorial del Estado en comunidades autónomas
iba a ser a costa de suprimir las provincias, posiblemente hubiéramos dicho que
no. Si desaparece el organismo que gobierna la provincia, lo que está de más es
la propia provincia. Y tengo la impresión de que no es ese el deseo de quienes
vivimos alejados del centro de toma de decisiones políticas regionales.
Cuestión distinta es la necesidad de reformar las Diputaciones. Es incongruente,
por ejemplo, que en su composición directiva tengan más presencia los representantes
de grandes municipios cuando son instituciones pensadas para defender los
intereses de los pequeños municipios.