Armando
García
Director
de AG Comunicación
No
tuvo desperdicio todo lo que se dijo el martes pasado durante la jornada
organizada por Cajamar para analizar los retos de la gestión del agua de riego
en la provincia de Almería. Cualquiera de los asistentes se fue a su casa con
temblor de piernas tras conocer las evidencias científicas que confirman que la
agricultura almeriense no tiene garantizada el agua que necesita. Las 23 masas
de agua subterránea que se encuentran en el subsuelo de la provincia se
encuentran en mal estado.
Cada año, la naturaleza de nuestra tierra nos ofrece
una disponibilidad de 350 hectómetros cúbicos, aunque cada año se extraen más
de 480 hectómetros cúbicos. Las cuentas están claras y el déficit hídrico de en
torno a 140 hectómetros cúbicos no deja de aumentar a consecuencia de un
crecimiento exponencial de la demanda de agua de riego para atender el
incremento anual de la superficie de cultivo.
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| Desaladora del Campo de Dalías |
Un representante de la Junta dijo
que Almería camina hacia el desastre, aunque la falta de datos oficiales en el
organismo de cuenca sobre la situación exacta de los acuíferos de Almería,
concretamente de los del Poniente almeriense, impide conocer la fecha ni el
momento en que el sistema hídrico de la provincia se colapsará y, en
consecuencia, no habrá agua para todos.
"Los cinco años de retraso en la puesta en servicio de la desaladora de Balerma han agravado aún más la situación"
Sin recoger datos oficiales desde 2012
por falta de presupuesto, los acuíferos del Poniente almeriense se siguen
salinizando y deteriorando sin que se hayan aplicado las medidas correctoras
propuestas por los expertos, a pesar de que el problema se conoce desde los
años ochenta. Los desmanes cometidos durante décadas por las Administraciones
competentes no han ayudado a resolver este problema que ya coge tintes de ser
irreversible.
Los cinco años de retraso en la puesta en servicio de la
desaladora de Balerma han agravado aún más la situación, a lo que se añade la
falta de lluvias que ha dejado fuera de juego al embalse de Benínar y al
trasvase Tajo-Segura. Tampoco las Administraciones competentes han ocupado su
tiempo en garantizar la legalidad del agua de riego en la provincia de Almería,
y el silencio administrativo en los expedientes de concesión a comunidades de
regantes se ha convertido en el dogma a seguir durante, al menos, los últimos
20 años.
Así de revuelto está el patio, justo ahora que las Administraciones
deciden cambiar los requisitos para que los agricultores almerienses con
invernaderos puedan seguir recibiendo ayudas comunitarias a través de su organización
de productores. Ahora se les exige que certifiquen esa legalidad sobre el agua
que nadie ha atendido durante décadas.
Muchos productores sin concesión y sin
capacidad para demostrar legalmente sus derechos de agua se encuentran ahora
con la espada de Damocles sobre sus cabezas, al mismo tiempo que decenas de
millones de euros pueden dejar de llegar a Almería.
