Antonio Felipe Rubio
Periodista
La
Junta de Andalucía acaba de “tumbar” el PGOU (Plan General de Ordenación
Urbana) de Almería. Los motivos de la desaprobación se refieren a la ausencia
de alternativas para garantizar el abastecimiento de agua a futuras viviendas
que pudieran construirse en los próximos años. Este argumento es el meramente
técnico; igualmente, circula el runrún típico del “pelotazo” que siempre
acompaña a cualquier actuación de cierta envergadura en clave urbanística y que
lanza la oposición política sin reparar en la mínima caución histórica.
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| Puerta Purchena |
Bueno
sería que, cuando se hable de “pelotazos”, se mire hacia atrás y se recuerde, por
poner algunos ejemplos, las visitas del hermano de Alfonso Guerra, Antonio El
Patillas, para poner a trabajar a todo el consistorio en pos de unos proyectos
urbanísticos de dudosa viabilidad. Otro enigmático “desembarco” -éste sí es
textual al atracar su yate en Aguadulce- lo propició el propietario de la
constructora coruñesa IRCO (Angel Jove y Fernando Martínez a bordo) que también
tuvo sus problemas para la aprobación del Centro Comercial Mediterráneo; no sin
antes producirse un escándalo político al necesitarse una migración del PSOE a
IU-CA para hacer efectiva la aprobación en Pleno.
La
construcción de la desaladora de Almería se encareció mil millones de pesetas por
un incompresible cambio en la toma de agua que defendió el entonces concejal
Pérez Navas. Como incomprensible fue acometer las fatídicas obras del parking
de Obispo Orberá sin proyecto técnico de ejecución.
Posteriormente,
con motivo de los JJMM de 2005, se impulsó, con un Ayuntamiento gobernado por
la coalición PSOE/IU-CA, la construcción de la Villa Mediterránea concedida a
VITRA (cooperativa del sindicato CCOO), y que hubo de rediseñarse al no contemplar
ascensores para sus cuatro plantas ni entrada directa desde los aparcamientos; sin
mención a las consideraciones estéticas.
En la compra de los terrenos del actual PITA
también actuaron conspicuos empresarios que optaron por la operación más costosa
–a más importe, mayor rentabilidad-, y no olvidemos las dificultades
medioambientales, superadas sin trauma ni ruido (de protegido LIC a construir
con toda libertad) -¿otro Algarrobico con más suerte?- cuando tenían una oferta
registrada en el Ayuntamiento con terrenos más idóneos, más extensos y a coste
cero; además, en un lugar que figura en el proyectado PGOU como una de las tres
opciones para polígonos industriales de futuro (El 21).
Y
así, hasta llegar a la polémica de El Corte Inglés: Jesuitinas, Guardia Civil,
Estación de Autobuses… y La Salle. Pero no. La decisión política (PSOE) fue
esperar a liberar terrenos del “futuro” soterramiento con Toblerone e
inmediaciones. Ni pérdida de plazas escolares, ni caos de tráfico; el interés
por El Corte Inglés era otro muy diferente y, pasado el tiempo y las
oportunidades, nos quedamos sin estos grandes almacenes, y la correspondiente y
deseable dinamización comercial de su área de influencia… Y algunos hablan de
“pelotazos y corruptelas”.
El
PGOU es muy necesario, entre otras cosas, para poner en orden en el Polígono La
Celulosa, legalizar todo Castell del Rey o para la inversión más cuantiosa (160
millones de euros de inversión almeriense) en el proyecto Puertalmeraya que
pretende desarrollar un comercial de 107.000 m2 en el acceso de la A-7 por la
rotonda del tanatorio y que daría trabajo directo e indirecto a 4.000 personas
y ocupación durante su ejecución a otras 4.500 personas; sin contar la
repercusión en las arcas municipales del orden de 24 millones. En definitiva,
otra más de la Junta de Andalucía que hemos de aguantar con la estoica
resignación de padecer este factor limitante para el desarrollo de Almería.
