Emiliano Domene Fernández
Concejal de IU en el Ayuntamiento de Huercal de Almería
El pasado 15 de abril, el gobierno municipal de Huércal de
Almería aprobó la nueva ordenanza municipal reguladora del Despliegue e
Implantación de Instalaciones de Radiocomunicación con el objeto de adaptarla a
la nueva Ley General de Telecomunicaciones, una norma que entre otras cosas
permitirá a las empresas de telefonía, expropiar los tejados y azoteas de las
viviendas privadas para instalar sus antenas. Lo mismo ocurrirá con los
edificios y suelo público municipal. La consecuencia de todo esto es que, con la entrada en vigor
de la nueva Ley General de Telecomunicaciones y su posterior trasvase a las
ordenanzas municipales, se deja a los vecinos y vecinas desamparados y se le otorga
un enorme poder a las grandes compañías privadas de telecomunicaciones, pasando
por encima de las competencias municipales y los derechos de la ciudadanía.
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| Antena de móviles |
Con el nuevo texto ya no será necesaria la licencia
municipal ni la realización de estudios de impacto ambiental, las comunidades
de vecinos, no podrán oponerse a la instalación en su azotea de una antena de telefonía
y ni siquiera se limitará las posibilidades de despliegue en los alrededores de
viviendas, escuelas o centros de salud. Un modelo de l gestión pública en que
la voz de la ciudadanía no pinta nada, una nueva concesión a las empresas
privadas, a los operadores de telefonía, a las que les otorga para sus
instalaciones la calificación de obras de interés general hasta tal punto que
esta ley atenta directamente contra la propiedad privada, algo tan sagrado en
otros aspectos para el Partido Popular y que no dudan en dejar en un segundo
plano cuando el interés de las grandes compañías de telecomunicaciones está
presente.
Desde IU vemos como algo realmente preocupante el hecho de
que se legisle en perjuicio de la ciudadanía en algo tan sensible como el
espacio radioeléctrico, la instalación de antenas, postes y otros elementos en
espacios públicos y privados por la vía de la expropiación (algo reservado
hasta ahora únicamente a las administraciones publicas),olvidándose de forma
absoluta de los problemas de salud que dicho despliegue masivo puede producir
en los ciudadanos y ciudadanas, supeditando la política a los intereses de las
grandes multinacionales del sector. Una normativa que además obvia las
recomendaciones del Consejo de Europa sobre los peligros potenciales de los
campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente, y no tiene en
cuenta la aplicación efectiva de los principios de salud pública.
A nuestro entender, los Ayuntamientos deben tener autonomía para poder corregir determinadas
situaciones , capacidad para impedir la instalación de antenas cerca de
escuelas infantiles, de parques, etc., es decir, contar con herramientas para
intentar equilibrar las nuevas necesidades tecnológicas, con los intereses
vecinales y con las precauciones para la salud de los habitantes de nuestro
pueblo, los Ayuntamientos tienen el deber y deben tener el derecho de poner en marcha normas que contemplen las
garantías que exige la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre distancia
mínima y nivel de emisiones.
El grupo municipal de IU quiere unas ordenanzas al servicio
de la gente y no para defender los intereses de las operadoras de telefonía,
creemos en la capacidad de decisión de los Ayuntamientos, en la capacidad de
control de la ciudadanía y sobre todo en nuestra obligación de defender los
derechos de vecinos y vecinas frente a esta nueva agresión y nos posicionamos
frontalmente en contra de esta ley y de esta ordenanza.
Y finalmente, ¿alguien cree que estas compañías de
telecomunicaciones, las más denunciadas por las asociaciones de consumidores a
nivel estatal van a buscar el bien común, o por el contrario miraran por sus
intereses comerciales y económicos?
