Javier Salvador
Editor de Teleprensa
¿Para qué sirve un consejero delegado de una empresa pública como Galasa, que cobra casi 80.000 al año en sueldo, dietas o asignación, como quieran llamarlo, si a la hora de tomar una decisión todo se reduce a que tira de teléfono, llama al secretario provincial del PP en Almería, Javier Aureliano García, y le pregunta lo que tiene que hacer? Pero en este mismo orden podemos preguntarnos qué empresa mantendría a un gerente, Juan Ignacio Moya, con un sueldo que sobrepasa los 80.000 euros, si esa sociedad arrastra una deuda de más de 30 millones de euros.
Hay que preguntar abiertamente, a estas alturas, si todo el Partido Popular de Almería sigue a pies puntillas lo que Gabriel Amat y Javier Aureliano García tratan de engendrar con el agua en la provincia de Almería porque empieza a oler a un Elsur de proporciones provinciales. Y si en el caso de El Ejido llamaba tanto la atención la abultada deuda, el enorme coste de las infraestructuras y los sueldos desorbitados que se llegaban a pagar, lo que es muy difícil de entender es por qué ahora no llama tanto la atención.
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| Galasa |
Me preocupa especialmente que se estén buscando perfiles bajos en política para cubrir determinados puestos. Y con todo mi respeto al consejero delegado de Galasa, el haber sido maestro de escuela y concejal de cultura, después de pasar del PAL de Juan Enciso al PP de Gabriel Amat, no es un curriculum que digamos como muy acorde con una empresa de índole técnica, con una crisis de más de 30 millones de euros de deuda, que son unos 5.000 millones de las antiguas pesetas. Y parece que tenemos que tirar la vieja moneda para que un sector de la población que suele pasar los 55 y no tiene muy claras las cifras en euros, sepa bien lo que estamos hablando.
El agua es un bien común y no un arma de destrucción masiva, que es lo que parece querer articular la Diputación Provincial intentando quitarle a los Ayuntamientos lo poquito que les queda, que no es otra cosa que su derecho a decidir. Ya no se trata de quién manda o quien no, de que se arreglen entre PP y PSOE llegando a un acuerdo que satisfaga a todas las partes, sino de dimisiones, de ceses, de quitar de la primera linea a quienes han llevado a esta sociedad pública al borde del precipicio porque, repito, ninguna empresa privada que conozca aplaude a un equipo directivo que consigue la enorme marca de llegar a los 30 millones de euros de deuda y superarla, para decidir que la solución está en cambiar la reglas de juego. Básicamente en poner los precios sobre la base de lo que se debe y luego ya se irá viendo.
Ninguna empresa que conozca tira del concejal cultura de Huércal Overa para, desde el puesto de más importancia en el consejo de administración, pedir permiso por teléfono para tomar decisiones. Digo yo que 77.600,93 euros al año de retribución tienen que dar para un poquito mas. Pero claro, igual todo este lío no tiene otro fin que llegar a la conclusión de que el agua es ingobernable y que para evitar líos lo mejor sería que una empresa privada gestionase Galasa y sus infraestructuras.
Imaginen que llega una empresa y pone encima de la mesa todo el dinero de la deuda y un plan de precios estable, durante unos primeros años, a cambio de unos cuantos quinquenios de concesión, unos cuantos tirando a muchos. Después del lío que se está montando hasta sería bien visto, y claro, la gratitud del agraciado sería descomunal. Bueno, habría que pasar por un concurso, pero seguro que todas las obras que Hispano Almería llevó a cabo en Roquetas de Mar también fueron adjudicadas por concurso.
El agua no tiene olor, sabor ni color, pero la de Galasa empieza a ser más turbia de lo normal.