Emilio Ruiz
El Sr. y la Sra. Prior forman una pareja de jubilados británicos que a principios de esta década se desprendieron de sus pertenencias en el Reino Unido para establecer su residencia en nuestra provincia. Primero residieron de alquiler en Mojácar y después decidieron hacerse su propia casa en Vera. Actuaron como cualquier buen ciudadano: hicieron su proyecto, que mandaron visar al Colegio de Arquitectos; solicitaron y obtuvieron la licencia municipal, realizaron la obra con sujeción a la legislación de seguridad y buena construcción, solicitaron y obtuvieron la licencia de primera ocupación, dieron de alta la nueva edificación en el Catastro y en el Registro de la Propiedad… Finalmente, Helen y Leonard ocuparon su nueva casa, de la que, durante varios años, disfrutaron sin objeción alguna.
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| El caso de los Prior ha llegado hasta el mismo Senado. Todos les dan la razón, pero ellos continúan sin cobrar. Aquí les vemos en la cámara alta con Maura Hillen y y Gerardo Vázquez, presidenta y abogado de AUAN |
Pero un día la mala suerte se les presentó en su casa. Un policía autonómico les comunicó que aquella vivienda era ilegal. “No puede, señor, mire usted toda la documentación en regla, y todas las tasas e impuestos pagados; debe ser una confusión”, manifestaron con incredulidad. Aquel primer calvario que se inició para el Sr. y la Sra. Prior culminó el 9 de enero de 2008 –maldito regalo de Reyes- con una ‘Caterpillar’ demoliendo la vivienda. Se cobijaron en el garaje, que con la piscina quedó indemne. Allí permanecen hasta hoy.
Fue entonces cuando el matrimonio inició su segundo calvario, el de las acciones judiciales. Como cualquier mente razonable podía vaticinar, este segundo episodio se ha resuelto favorablemente, si bien la justicia ha sido un poco rácana a la hora de valorar los daños morales: 1.750 euros para la Sra. Prior y 7.500 para el Sr. Prior. Por daños materiales, la indemnización es de 425.000 euros.
Helen y Leonard tienen 72 años. El Ayuntamiento de Vera, que es quien debe asumir la indemnización, tiene el riesgo asegurado. Pero la aseguradora ya ha manifestado su intención de apelar. Considera que el Ayuntamiento ha actuado dentro de la ley y que el atropello corresponde a la Junta de Andalucía. Sean los culpables unos u otros, los Prior volverán a ganar y verán incrementada la indemnización con intereses de demora, pero es posible que la compensación, cuando llegue, lo haga demasiado tarde. No se vive eternamente, y menos con la tensión de tanto pleito.
El matrimonio está amparado por un grupo de ciudadanos unidos en la asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora-NO'. Este jueves se manifiestan para pedir el fin del despropósito. El Estado español, con sus resoluciones administrativas, lleva diez años jodiendo a esta familia. ¿Y no es la hora de poner fin al atropello?