Emilio
Ruiz
Son las
8 de la mañana del día 24 de marzo de 2015. Como cada día, Francisca Paqui Pérez Laborda, exdelegada
de Empleo de la Junta de Andalucía, se dispone a ir al trabajo en la capital
desde su residencia en Villa Inés, en Huércal de Almería. Por el camino un
coche se le cruza. Baja un hombre del vehículo y se dirige a ella: “Policía. Queda
detenida”. Susto e incredulidad: “¿Yo, por qué?”. Creía que había cometido una
infracción de tráfico muy grave. “No, es por los cursos de Formación, es por orden
de la juez Alaya”.
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| Paqui Pérez |
A
partir de ese instante, la vida de Paqui se convierte en un suplicio. La llevan
al cuartel de la Guardia Civil de la Plaza de Barcelona, en la capital. “Deme las gracias por
no ponerle las esposas”, le dice un agente. Le toman las huellas. Le hacen la
típica foto policial. A la una de la tarde es conducida a Sevilla. Durante el
viaje, un guardia le dice que conocen todos sus movimientos y que saben que había
sido interventora del PSOE en las elecciones andaluzas celebradas dos días
antes. Por cada ciudad que pasan, uno de los agentes comunica por teléfono el
punto de ubicación. Paran a comer en una estación de servicio. Intenta ver la
tele. “No puede”. A las 6 de la tarde ella y los agentes llegan al cuartel de
la Eritaña, en la Avenida de la Borbolla, en Sevilla. Le toman declaración. La meten en el
calabozo. Se han hecho las 21 horas. Allí se encuentra a otros cuatro
exdelegados. Intenta saludar a una vieja amiga, la delegada de Granada. Un
empujón se lo impide. Le quitan el sujetador, las medias, los cordones de los
zapatos… “Es por su seguridad”, le advierten.
Le quitan el sujetador, las medias, los cordones de los zapatos… “Es por su seguridad”, le advierten.
A
las 2 de la madrugada –ya, día 25- la trasladan al cuartel de Montequinto. Le
dan una manta. A las 7, arriba, y a las 11 un furgón blindado la traslada a los
juzgados de Prado de San Sebastián. De nuevo, al calabozo. Ya es por la tarde. A
las 3 comparece, por fin, ante la juez Alaya. Se le lee una retahíla de
acusaciones. Menos la de asesinato, todo el Código Penal, le parece. Ella guarda silencio, silencio de incredulidad y confusión mental.
A continuación es puesta en libertad. Deberá comparecer cada quince días en
sede judicial. Y ya le avisarán. Vuelve a Almería, a su casa, acompañada de sus
hijos. Algo más tranquila, enchufa la tele: “En una macrooperación contra el
fraude en los cursos de Formación en Andalucía, dirigida por la jueza Mercedes
Alaya –dice la presentadora-, los agentes han detenido a 14 ex directivos
políticos y a dos que ejercen su responsabilidad actualmente, que acaban de ser
destituidos por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía”.
La
semana pasada, una juez de Jaén ha archivado el caso relativo a la exdirectora
del SAE de Jaén, Irene Sabalete. En las próximas semanas, la juez María Núñez
Bolaños dictará un auto de archivo de la pieza que afecta a 24 exdirigentes de
la Junta de Andalucía, entre ellos el de Paqui. No hay caso. Nunca lo hubo. Nada
fue ilegal. Todo fue una invención. Una pantomima. Un bluf. Me alegro por Paqui y por las
muchas personas que siempre creyeron que, conscientemente, es incapaz de hacer
algo que se sitúe fuera de la Ley. Y respecto a la actuación de la juez Alaya, señoría,
no hay preguntas. (Nota: Los hechos narrados son una interpretación libre del
artículo publicado por el director de La Voz de Almería el día 24 de abril).