José Fernández
Periodista
El juez instructor de la pieza del procedimiento específico de la macrocausa de los ERE ha decidido sentar en el banquillo a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por sendos y presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. Es decir, que un juez considera que ambos altos cargos socialistas consintieron y permitieron que otros se apropiasen de dinero del contribuyente (suyo de usted y mío) y para ello dictaron arbitrariamente resoluciones a sabiendas de su injusticia.
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| Chaves y Griñán (Foto: Expansión) |
Perdonen la espesura del párrafo, pero conviene para situar el terreno que pisamos. Estamos ante una decisión judicial que viene a confirmar lo que todo el mundo ya sabía por simple sentido común. En una administración tan jerarquizada, tan minuciosa y prescriptiva, es de todo punto im-po-si-ble que un grupo de funcionarios de segundo o tercer nivel (los famosos “cuatro gatos” que decía la presidenta heredera de los imputados, Susana Díaz) establezcan una red de saqueo sistemático de fondos públicos sin el conocimiento y/o consentimiento tácito o proactivo de los máximos dirigentes. Lo contrario sería pretender que tanto Chaves como Griñán padecían un severo nivel de discapacidad cognitiva.
Y sin dudar de la honestidad personal de ambos, lo que parece indiscutible es que los dos eran plenamente conscientes de que se robaba, y mucho, y que ambos lo consintieron. Y mucho. Resulta difícil no asumir ya de una vez que el PSOE ha instalado en la Junta de Andalucía un mecanismo delictivo destinado a favorecer intereses propios y/o de organizaciones y empresas afines. La clave está en las razones por las que este mismo tipo de fechorías ha provocado el merecido desplome del PP en Valencia y que en Andalucía llevemos sosteniendo ya tres décadas a toda esta panda de tremendos sinvergüenzas.