Juan Folío
@opinionalmeria
Dos son los Ayuntamientos almerienses que han suscrito contratos con las empresas inmersas en la conocida como Operación Térmyca, según publicita la propia sociedad en su página web. De la relación contractual con el Ayuntamiento de El Ejido la empresa no ofrece datos. No ocurre lo mismo con el contrato suscrito con el Ayuntamiento de Níjar, del que da una pequeña explicación. La existencia de contratos no prejuzga actividad delictiva o irregularidad administrativa algunas.
El contrato con el Ayuntamiento de Níjar fue suscrito en junio de 2013, cuando el municipio estaba gobernado por el Partido Popular y su alcalde era Antonio Jesús Rodríguez, actual portavoz de la oposición y diputado provincial de Cultura. “CGI firma un nuevo acuerdo de colaboración en inspección –explica la empresa-, esta vez con el municipio almeriense Níjar. Durante el periodo de colaboración se desarrollará el plan de inspección de los diferentes tributos y todas las actividades relacionadas con la tramitación de expedientes”.
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| Contrato en Níjar según anuncia la empresa en su web |
La empresa matriz de este grupo empresarial operaba desde Barcelona. Es el grupo CGI. En Andalucía crearon una empresa con el mismo objeto social para operar tanto en nuestra comunidad autónoma como en Murcia. El nombre de esta empresa es Colaboración Pública Privada (CPP). Se desconoce con qué empresa se firmaron los contratos de El Ejido y Níjar. Por lo que respecta al Ayuntamiento del Poniente tampoco se sabe si la relación contractual fue con el propio Ayuntamiento o con alguna empresa pública. La empresa se limita a manifestar que El Ejido se encuentra entre sus clientes.
Según publicita en su web, "CGI posibilita la aplicación de los tributos locales de una forma moderna, ágil y al servicio del ciudadano, mediante una colaboración con las administraciones locales que optimice su capacidad fiscal y mejore la calidad de servicio al contribuyente. El modelo de organización de CGI para lograr estos objetivos no es la externalización, sino la Colaboración Público Privada (CPP). Esto significa ir más allá y adaptarnos a las necesidades de las administraciones locales en materia de gestión tributaria y de recaudación".
"Con esta visión –sigue explicando-, CGI aporta a las entidades locales dos elementos clave y imprescindibles para el éxito:
Gestión integral e informatizada: trabajar conjuntamente con el mismo sistema de información municipal y las mismas bases de datos de la entidad, minimizando las ineficiencias y ofreciendo un servicio de más calidad al ciudadano. Nuestra aplicación de tributos se basa en el software TAO, que aporta una visión integral, coherente y de dato único.
Colaboración entre funcionarios locales y personal especialmente capacitado y motivado de CGI, lo que redunda en una relación de estrecha confianza mutua y compromiso a largo plazo en beneficio de la administración local. Ponemos todo el énfasis en la selección cuidadosa, la formación continua y la certificación de conocimientos tributarios, ofimáticos y de habilidades de gestión de los profesionales de CGI asignados a cada proyecto".
La Guardia Civil no ha hecho presencia, que se sepa, en ninguno de los dos Ayuntamientos almerienses que contrataron con esta empresa. Sus responsables municipales no se han pronunciado sobre si se les ha demandado algún tipo de información respecto a los contratos suscritos, bien con CGI, la empresa matriz; CPP, la filial andaluza, o con la consultora Efial, que fue absorbida por la primera.
Los ayuntamientos registrados por la Guardia Civil son los de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón (en Madrid), Ascó, Vandellós, Tortosa y l'Ametlla de Mar (en Tarragona) y Trillo (en Guadalajara). En el Ayuntamiento de Girona los agentes se llevaron toda la documentación relacionada con los contratos vinculados a la consultora Efial. Aparte de estos registros se han enviado requerimientos a Ayuntamientos y organismos públicos de Barcelona, Linars del Vallés y Masquefa (también en la provincia de Barcelona), Calonge (en Girona), Cambrils (en Tarragona), La Seu d'Urgell (en Lleida), Alaior y Soler (en Baleares), Benicàssim (en Castellón), Collado Villalba y Getafe (en Madrid), Armilla (en Granada) y Palos de la Frontera (en Huelva).
Según El Confidencial, Anticorrupción pretende recabar "expedientes de contratación que pudieran derivar en delitos contra la Administración pública". También rastrea delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude a las administraciones e infidelidad en la custodia de documentos.
Según Anticorrupción, "la investigación ha desvelado la existencia de una operación financiera mediante la cual Efial Consultoría fue absorbida por otra [Control de Gestión de Ingresos], creando un entramado similar a la primera que hizo que la actividad delictiva se extendiera fuera de Cataluña. Tanto cuando la organización criminal actuó bajo el nombre de Efial Consultoría como cuando lo hizo como Control de Gestión de Ingresos, los investigados construyeron una estructura paralela en los Ayuntamientos para evitar en su actuación la labor supervisora del secretario e interventor municipales".