Emilio Ruiz
La Diputación de Almería, socio mayoritario de Galasa (Gestión de Aguas del Levante Almeriense, S. A.) con el 53 % de las acciones –el otro 47 % está repartido entre diversos Ayuntamientos de la comarca-, ha tomado dos decisiones importantes a fin de dar estabilidad, al menos momentánea, a la empresa. Una de ellas, concederle un préstamo de 1,9 millones de euros para dotarla de la liquidez necesaria para afrontar los pagos a proveedores y las nóminas. Recordemos que la sede social tiene que alumbrarse con un grupo electrógeno porque Endesa le ha cortado el suministro y que algunas nóminas no han podido ser abonadas. La otra medida ha sido aprobar un ajuste de tarifas, que para algunos municipios supone duplicar el precio del agua. Esta última medida era necesaria, independientemente de que se adopten otras propuestas que están haciendo algunos Ayuntamientos.
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| Manifestación contra Galasa |
Estas dos medidas, con ser importantes, no despejan definitivamente el incierto futuro de Galasa. El problema es de tal envergadura que requiere de decisiones más drásticas. Galasa es una empresa que, si no se adoptan medidas, va encaminada hacia una quiebra. Su facturación ronda los 12 millones de euros. El último año auditado, el de 2014, tuvo unas pérdidas de 2,34 millones, casi el 20 % de lo facturado. Ya acumula pérdidas –sin contar 2015- de más de cuatro millones. Su patrimonio neto se ha reducido hasta los siete millones y su deuda corriente representa casi el 50 % de su estructura económica. Es decir, que a este paso en un par de años podría contar con fondos propios negativos y entrar en causa de concurso.
Galasa no es una sociedad cualquiera que mañana quiebra y no pasa nada. Es nada menos que la empresa que lleva el agua potable a decenas de pueblos del Levante y del Almanzora. Por esta razón no puede permitirse el ‘lujo’ de irse al garete. La continuidad de la empresa debe ser un empeño de todos. Pero, ¿por dónde debe transcurrir su futuro? Vamos a ser realistas: el futuro de Galasa pasa por un control público o un control privado. La privatización de una empresa o un servicio públicos casi nunca gusta a nadie, pero a veces es el único camino posible para garantizar su supervivencia. No creo que sea necesario recordar los cientos de empresas privadas que en España prestan servicios de abastecimiento en municipales de todos los colores políticos. No pasa nada por privatizar un servicio.
Soy consciente de que en el ánimo de muchos Ayuntamientos no figura la idea de la privatización de Galasa. Bien, mantengámosla como empresa pública. Para ello es preciso acometer algunas tareas. La primera, gestionarla con criterios profesionales y no políticos. La segunda, sanear sus cuentas. Hay que ajustar las tarifas al precio real. Y es necesario incorporar al capital social a los Ayuntamientos del Almanzora. Es lamentable lo que ahora ocurre: unos municipios del Levante subvencionan de forma indirecta el agua de otros municipios del Almanzora. Es preciso, también, acometer un plan de modernización de las redes para evitar pérdidas. No es admisible que la mitad del agua que entra en Galasa no revierta en facturación a sus clientes.