Emilio Ruiz
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, no quiere que se le dispare el déficit público, que tantos disgustos está proporcionando a Bruselas. Y, para evitarlo, se ha puesto el traje de faena. El plan de actuación elaborado por su departamento contempla en primer lugar el envío de misivas a las Administraciones incumplidoras. El primer grupo de destinatarios lo conforman ocho comunidades autónomas, a las que les exige… ¡más recortes!
El vicepresidente de la Generalitat catalana y responsable de Económico, Oriol Junqueras, es quien ha recibido la carta más severa. Montoro está preocupado por la evolución del gasto de personal y del gasto sanitario. Pero Cataluña no es la única que preocupa al jiennense. El pasado 3 de agosto, la consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha sido advertida de que, si las cosas se dejan como van, Andalucía también incumplirá la regla de gasto y de deuda. Así que toca apretarse el cinturón, le dice Montoro a Montero.
 |
| Cristóbal Montoro |
Pero no son las cartas a las comunidades autónomas las que más preocupación han causado. Las que han ocasionado que algunos responsables públicos pongan el grito en el cielo tienen como destinatarios a las corporaciones locales. El Ministerio está enviando cartas a los Ayuntamientos y Diputaciones que cuentan con empresas públicas deficitarias para que procedan al cierre inmediato de las mismas. Les recuerda que la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local contempla la disolución automática de las entidades públicas deficitarias.
En su escrito, Montoro ‘acojona’ –permítaseme la expresión- a los alcaldes y les recuerda que pueden incurrir en responsabilidad personal si incumplen la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, por lo que el Gobierno se reserva la adopción de tomar medidas legales contra el alcalde. El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha instado al Gobierno central a que “imponga el sentido común” en su dicharachero ministro, pues hay muchas de estas empresas que prestan servicios públicos básicos, como transportes, abastecimiento y depuración de aguas, tratamiento de residuos, servicios sociales y desarrollo rural, entre otras, y, si cierran de golpe, se arma un extravío.
En la provincia de Almería el caso más preocupante es el de Galasa, la empresa que se encarga del abastecimiento y saneamiento en municipios del Levante y el Almanzora. Hace unos días, el pleno de la Diputación –titular del 53 % de las acciones- aprobó una subida de las tasas. “Para poder equilibrar Galasa, es necesario que estas tasas se aprueben en todos y cada uno de los Ayuntamientos accionistas de la empresa; de lo contrario, la Ley marca que si uno sólo de los Ayuntamientos no lo aprueba, la empresa quedará disuelta”, dice Javier Aureliano García, vicepresidente de la Diputación. “Sólo hay dos opciones: cerrar o subir las tarifas”, añade. Pero los Ayuntamientos del PSOE no están por la labor de apoyar esa ‘actualización’ de precios. “Ustedes crearon Galasa y por el camino que van la cerrarán también ustedes”, sentencia García. ¿Qué pasará finalmente? Pues salud tengamos para verlo.
