Pedro Manuel de la Cruz
Director de La Voz de Almería
La presentación, por parte del fiscal Álvaro Navarro, de una denuncia en los juzgados de instrucción de Roquetas contra Gabriel Amat, por considerar que existe “apariencia delictiva” tras examinar el contenido de una denuncia previa presentada el 19 de febrero de este año por Izquierda Unida, acusándole de la presunta comisión de varios delitos -entre otros de tráfico de influencias y fraude-, en la adjudicación de cinco contratos a empresas con las que su yerno tiene, según los denunciantes, vinculación societaria, sitúa al alcalde de Roquetas en una posición judicialmente incierta (la duda siempre está inscrita en cualquier procedimiento judicial hasta su conclusión definitiva por el órgano o el tribunal competente) y políticamente cercana al asedio (la judicialización, en todas direcciones y por todos, de la política tiene como objetivo el cerco al adversario antes que la verdad).
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| Gabriel Amat |
Judicialmente, la decisión del fiscal es un paso más en el procedimiento iniciado por IU que habrá de concluir -como señala el propio fiscal en su escrito- tras “una depurada investigación posterior” por parte del órgano al que ahora compete el examen de los argumentos documentales contenidos en la denuncia. La técnica procesal contempla que, a partir de la elevación de la decisión de la fiscalía al juzgado, será el titular de ese órgano el que, a la vista del contenido probatorio aportado por los denunciantes, el que instruya las Diligencias, practicando aquellas actuaciones que considere necesarias en la contribución al esclarecimiento de los hechos. Será entonces cuando el juez decida si la “apariencia delictiva” apreciada por el fiscal se convierte en indicios racionales de criminalidad y abrirá juicio oral o, en caso contrario, decide el sobreseimiento y archivo de las actuaciones.
"Apresurar opiniones en el inicio de un recorrido complejo reviste, a quien así actúa, de tanta ligereza y osadía que le descalifica. La decisión absolutoria o condenatoria solo compete al juez"
El respeto por todos los procedimientos judiciales debe ser tan sinceramente escrupuloso que cualquier opinión en este campo exculpando o inculpando a Amat o a cualquier otro afectado en esta o en cualquier otra causa, sería de una frivolidad temeraria. Apresurar opiniones en el inicio de un recorrido complejo reviste, a quien así actúa, de tanta ligereza y osadía que le descalifica. La decisión absolutoria o condenatoria solo compete al juez. Pero este principio de filosofía personal y criterio profesional, tan lógico, hace años que salto por los aires en nuestro país. Si desde antes de que se inventara el balón cada español ya lleva un entrenador dentro, desde el descubrimiento de los escándalos políticos en el felipismo tardío, al estratega futbolístico se le ha añadido un juez y, en el caso de los políticos, un inquisidor cuando el denunciado como autor de la comisión de una irregularidad o de un delito es del partido contrario. El maniqueísmo tiene excesos que la razón no entiende.
Gabriel Amat, como antes en la acera de enfrente lo fueron Paqui Pérez Laborda o Martin Soler (aunque por otros motivos y ahora exculpados después de sufrir un calvario), está, desde el jueves, viviendo una nueva estación en su particular viacrucis. El alcalde de Roquetas ha sido desde el inicio de su carrera y por su condición de político y empresario un permanente objeto de críticas para todas las oposiciones que ha tenido y tiene. Le ocurre a él y a todos los políticos, sin distinción de partido. En el caso de Gabriel Amat esta posición de pararrayos que atrae las críticas se ve acrecentada. Empresas (él diría con ironía deudas) y poder son dos polos de atracción que excitan tanto al que los posee, para su defensa, como al que aspira a tenerlos de forma conjunta o separada.
"Participar en política tiene estos costes; pero compaginarlo, además, con una actividad privada los hacen casi inevitables"
Participar en el espacio casi siempre tribal de la política comporta riesgos, pero navegar entre esa orilla y la orilla empresarial convierte al río que las une en un caudal plagado de la presunción de tentaciones y salpicado por la sospecha permanente de tiburones enemigos. Esos riesgos Amat los asumió desde que decidió añadir a su práctica empresarial su vocación política y el paso por el que ahora atraviesa no es nuevo para él: ya lo ha pasado antes y en otras circunstancias. Participar en política tiene estos costes; pero compaginarlo, además, con una actividad privada los hacen casi inevitables.
Algunas decisiones pueden ser correctas o no, pero lo que nadie puede evitar es que el adversario político procure hacer caer sobre ellas la sombra (con fundamento o no, que eso ya se verá después) de la espesura agobiante de la duda. Y es en esa ausencia de certeza inevitable, que acompaña a todo procedimiento judicial hasta su conclusión, donde quienes fomentan el ruido aspiran a convertirlo en estruendo. Amat no va a ser una excepción como antes no lo fueron otros que, en el PP o en el PSOE, también se vieron sometidos a un trance judicial.
"La denuncia contra Gabriel Amat no es un caso extraordinario -insisto: son numerosos los cargos políticos provinciales en situación parecida-, pero sí es singular por los cargos políticos que desempeña"
En Almería ha habido y hay alcaldes y concejales, de todos los partidos y de toda la geografía provincial, han estado o están inmersos en procesos judiciales por haber incurrido en actuaciones presuntamente delictivas. La denuncia contra Gabriel Amat no es, por tanto, un caso extraordinario - insisto: son numerosos los cargos políticos provinciales en situación parecida-, pero sí es singular por los cargos políticos que acompañan al personaje: alcalde de Roquetas, presidente de la Diputación y presidente del PP.
Pero aunque haya numerosos políticos almerienses implicados en causas judiciales, cada procedimiento tiene su relato. No es lo mismo, a la hora de exigir responsabilidades políticas, haber sido encarcelado (caso de Enciso, PAL) que ser denunciado (caso de Amat, PP), estar imputado (caso de Luis Pérez Montoya, PSOE), o tener ya abierto un juicio oral (caso del ex alcalde de Zurgena, PA) y convendría que todos los que, de una forma directa o indirecta se sitúan en el entorno de cualquier procedimiento judicial acomodaran el momento de su exigencia de dimisión a un código compartido y no dependiente de la complicidad animadversión militante.
Y hacerlo con rigor y prudencia. Sobre todo prudencia porque quienes ayer, hoy o mañana se alegraron, se alegran o se alegrarán de asistir como espectadores a estos trances, mañana pueden verse protagonizándolos. Exijamos las responsabilidades políticas cuando los pasos judiciales así lo demanden, sin dilaciones exculpatorias y sin apresuramientos interesados o vengativos (si tú me lo hiciste ayer, hoy soy yo el que te devuelve la moneda). Dejemos actuar a la Justicia. Es verdad que casi siempre actúa con una lentitud desesperante; pero al final acaba llamando a la puerta.