Emilio Ruiz
De los tres grandes convenios del sector financiero español, el de los bancos y el de las cajas de ahorros están ya firmados para el periodo 2015-2018, mientras el de las cajas rurales sigue formalizando prórrogas, la última con vencimiento a final de este mes de septiembre. Habitualmente el convenio de la banca es el primero que se firma y es también el que marca la pauta para la firma de los otros dos. Las reivindicaciones principales de CCOO y UGT, los únicos dos sindicatos que forman parte de la mesa negociadora por tener una representación superior al 10 por ciento, se centran en la carrera profesional y, sobre todo, en el salario. Pretenden acercarse al acuerdo del convenio de banca, que establece una subida del 4,5 por ciento en cuatro años.
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Sin embargo, no son éstos los aspectos del convenio que mayor dificultad entrañan para la firma. Los inconvenientes surgen de la disputa abierta entre las dos patronales del ramo. Tradicionalmente las cooperativas de crédito han estado representadas por una única patronal, la UNACC (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito), constituida en 1970. A finales de 2014 Cajamar y las 18 cajas rurales que integran su grupo cooperativo, disconformes con su escasa representación en la junta directiva, se escindieron de la UNACC y crearon su propia patronal, la ASEMECC (Asociación Empresarial de Entidades Cooperativas de Crédito). La primera engloba a más de 12.340 empleados y unas 3.350 sucursales mientras que la plataforma de Cajamar comprende unas 1.240 oficinas y algo más de 6.100 trabajadores.
La disputa entre las dos patronales ha sido permanente. Algunas de sus discrepancias han tenido que ser resueltas por los tribunales de justicia. La UNACC se negó incluso a reconocer la capacidad legal de la ASEMECC para participar en la comisión negociadora del XXI Convenio Colectivo de Sociedades Cooperativas de Crédito. La Audiencia Nacional ha dado la razón a la patronal constituida por el Grupo Cooperativo Cajamar al otorgarle dos representantes en la mesa de un total de siete.
La nueva disputa tiene como eje central a los 850 trabajadores de los servicios centrales de Cajamar, que están integrados en la plantilla del Banco de Crédito Cooperativo (BCC). La UNACC no quiere que estos trabajadores estén bajo el manto del nuevo convenio, sino que deben integrarse en el convenio de la banca, pues el BCC es una entidad de crédito afiliada a la Asociación Española de Banca (AEB). Cajamar considera que carece de sentido tener a sus trabajadores en dos convenios distintos. Comisiones Obreras, que es el sindicato con mayor número de representantes en la mesa negociadora, diez sobre un total de quince, está de parte de Cajamar: "La creación de este banco no es un capricho sino que está relacionada con un tema de supervisión, pues lo crean para que las 19 rurales consoliden en una entidad y los trabajadores del Cooperativo son de servicios centrales”. La UNACC dice que es una cuestión de principios y no acepta ni una disposición transitoria que permita a estos empleados estar en el convenio.
Las partes negociadoras esperan retomar esta misma semana las negociaciones. Si persiste la cerrazón de las dos patronales de no ceder en sus diferencias, el día 1 de octubre habrá que establecer una nueva prórroga del convenio que expiró en 2014. Y, mientras tanto, los trabajadores de las cooperativas de crédito serán los únicos del sector financiero que no podrán disfrutar de las mejoras de un nuevo convenio.
