Javier Pajarón
Periodista
El presunto fraude masivo en la concesión de ayudas públicas para cursos de Formación Profesional en Andalucía se diluye poco a poco. Más de dos años después de la explosión de registros y detenciones en toda la comunidad, los indicios de delitos destapados en el marco de la Operación Edu (sobre las empresas y los profesores) y la Operación Barrado (sobre los cargos públicos) pierden peso específico y abren la puerta al archivo de las actuaciones.
La investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional (UDEF) señaló presuntas irregularidades en los cursos impartidos por 17 empresas en la provincia de Almería, financiados con ayudas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre los años 2010 y 2012. Los agentes buscaban talleres subvencionados que nunca se realizaron, alumnos que no pisaron el aula o profesores con honorarios inferiores a los justificados por las entidades en sus memorias. Al mismo tiempo, la Guardia Civil indagaba sobre la presunta implicación de responsables públicos en la aprobación de las ayudas de la Junta de Andalucía. De la mano de la magistrada instructora de la pieza, Mercedes Alaya, los agentes señalaron a ex delegados provinciales de Empleo y a jefes de servicio, entre ellos, a Francisca Pérez Laborda y a Blas Méndez Capel en Almería.
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| Se desinfla |
Las dudas atacaban la espina dorsal de todo un sistema de ayudas para la Formación Profesional en la comunidad autónoma, desde la firma de los altos cargos hasta los alumnos beneficiario de un taller para desempleados con el sello de la Junta de Andalucía. Sin embargo, la investigación ha girado y los jueces instructores ultiman el archivo del grueso de las diligencias penales sin pruebas de cargo suficientes para procesar a una treintena de profesionales dedicados a la enseñanza.
Según fuentes judiciales, cuatro empresas han quedado exoneradas en la provincia de Almería hasta el momento. Son Aplinfo, Sicma Andalucía, Infocentro y Centro de Estudios Andarax. Suman subvenciones por un valor de 2,5 millones de euros, según las resoluciones del SAE publicadas entre 2010 y 2012. Sin embargo, los jueces consideran que no hay pruebas para procesar a sus responsables. “Los cursos para los que se pidió subvención realmente se dieron y las cantidades se destinaron a ello”, señala el Juzgado de Instrucción número Uno de Almería en el caso de Aplinfo. “Los documentos no eran falsos” y “no hubo engaño” para conseguir los fondos de la Junta de Andalucía.
Además de estos procedimientos, otra decena afronta la recta final de la instrucción sin indicios claros de actividad criminal y podrían sobreseerse antes de final de año, según fuentes jurídicas. La clave está en la diferencia entre la comisión de un delito y la responsabilidad administrativa. Son varios los jueces que coinciden en desestimar el proceso penal e indicar que, en su caso, las irregularidades estarían únicamente encuadradas en la vía administrativa y, por tanto, alejadas de la trama de corrupción que apuntó la Operación Edu en sus inicios.
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y del Servicio Andaluz de Empleo se ha personado como acusación en todos los procedimientos contra las sociedades a las que aportaron fondos. Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número Seis de Sevilla, ahora dirigido por la juez Núñez Bolaños, estudia el cierre de la pieza política de la formación. La instructora no sigue la senda de su antecesora, Mercedes Alaya, que veía “órdenes para no controlar el dinero” y favorecer la creación de “una red de clientelismo político”.
En esta fase quedaron encuadrados la ex delegada de Empleo en Almería Francisca Pérez Laborda y el jefe de servicio Blas Méndez. Ambos negaron instrucciones para una concesión de subvenciones irregular y afirmaron que las ayudas se concedían con los informes técnicos precisos. Ahora llevan meses a la espera del sobreseimiento de la pieza política.
La magistrada María Núñez Bolaños citó esta semana a Teresa Florido, ex directora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía. Fuentes judiciales apuntan a que serán los últimos trámites antes del sobreseimiento de la pieza política de la Operación Barrado, avalado por la Fiscalía. En el procedimiento hay 24 personas investigadas, entre ellas 13 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. El tercer almeriense implicado por la investigación es el ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas Andrés Sánchez.