Emilio Ruiz
No sé si se da el caso con mucha o poca frecuencia, pero a mí me ha pasado: la única vez que he intentado ser yo mismo quien llenara el depósito de mi coche, un borbotón de gasolina dio la bienvenida a mi recién estrenada chaqueta. Otros colegas me cuentan que a ellos eso no les ha pasado, pero sí se han visto en la situación de tener que abandonar la gasolinera sin poder repostar porque la ‘pistola’ saltaba a cada instante. Para evitar una u otra situación hay dos opciones; una, hacer un cursillo acelerado sobre cómo llenar un depósito de combustible libre de incidentes (“debes situarte siempre a un lado de la boca de llenado”, parece que enseñan), y otra, poner combustible en gasolineras con empleados. Yo he optado por la segunda opción. No obstante, reconozco que a veces no resulta fácil encontrar estaciones de servicio ‘con servicio’, valga la redundancia. De Almería a Sevilla creo que solo quedan un par. En otras, un operario te puede atender si expresamente lo solicitas.
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| Un perjuicio para todos |
Por esto es por lo que he recibido con alborozo la noticia de que la Junta de Andalucía va a exigir que todos los puntos de venta de carburante cuenten con al menos una persona en sus instalaciones. La asociación de gasolineros ha trasladado más de una vez a la Junta su preocupación por la proliferación de instalaciones ‘low cost’, que bonifican el precio a costa de un servicio ineficiente o, simplemente, inexistente.
La legislación española sobre protección de los consumidores y usuarios es una de las más avanzadas de Europa. Por eso no se entiende muy bien cómo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido que se elimine toda disposición normativa que prohíba o discrimine las denominadas gasolineras automáticas o desatendidas. No se entiende porque es difícil de comprender cómo por el ahorro de unos escasos céntimos –se habla de en torno a un 2 por ciento- un consumidor debe renunciar a derechos que consideraba que ya eran irrenunciables.
Una gasolinera desatendida no puede ofrecer al consumidor la posibilidad de contrastar la idoneidad de su metrología, por ejemplo. Ni puede ofrecer algo tan simple como una hoja de reclamaciones. Ni ayuda ante una avería del surtidor. Ni puede garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad, como la prohibición de fumar o reportar con el vehículo arrancado. Ni ofrece soluciones ante un derrame. Ni puede hacer posible que una persona con movilidad reducida pueda llenar el depósito de su vehículo. Ni puede garantizar que se llenan depósitos o bidones no homologados.
En resumen, que las estaciones de servicio desatendidas no solo son negativas en términos de empleo, sino también en cuestiones de seguridad y de calidad en el servicio. Incentivarlas, como ha hecho la CNMC, es tirar piedras sobre el propio tejado de los consumidores y usuarios. Por eso, bien por la Junta de Andalucía. Unos pocos céntimos no justifican cualquier barbaridad.