Antonio Avendaño
Periodista
El escandalazo de los ERE tiene la particularidad de que es imposible resumirlo en unas pocas frases sin faltar a la verdad. Otros casos de corrupción que están en los tribunales tienen una síntesis más fácil porque despliegan formatos de criminalidad bastante convencionales: las andanzas de Francisco Correa, la contabilidad de Bárcenas, los manejos de Matas, los líos de Granados, la inventiva de Urdangarín, la temeridad de los Pujol, el desahogo de Rus… Todos, en fin, gente que presuntamente robó mucho dinero.
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| Chaves y Griñán |
Debe ser por eso que en los debates públicos, en las tertulias radiofónicas nacionales y hasta en los editoriales de la prensa de Madrid o Barcelona periodistas y políticos suelen derrapar gravemente, y no, claro está, por los juicios que emiten aunque estos sean muy exigentes, sino porque las más de las veces ni siquiera manejan la información básica del caso para poder opinar con autoridad sobre el mismo.
La culpa no es necesariamente de los periodistas, sino, por una parte, de la propia complejidad y las muchas paradojas que encierra el caso y, por otra parte, del hecho de que los actuales responsables del Partido Socialista y la Junta de Andalucía no han hecho en todos estos años el más mínimo esfuerzo de pedagogía política y judicial para explicar y defender aquellas cosas que eran defendibles y explicables. Sus propios compañeros de partido han tratado a los imputados de los ERE como apestados, ni siquiera se han atrevido a poner en circulación argumentarios orgánicos que incluyeran datos y razonamientos tan de cajón como los que la juez María Núñez escribía días atrás en el auto de archivo de la pieza sobre Azucareras Reunidas.
En ese auto, Núñez Bolaños rechazaba con rotundidad hasta ahora inédita en la judicatura la tesis de la conspiración sostenida por Alaya y otros. Refiriéndose a ese caso específico del ERE de la empresa Azucareras Reunidas, financiado conjuntamente por el Gobierno central y la Junta, Núñez Bolaños decía que "no se puede admitir, ni siquiera como razonable, que la misma ayuda que recibe un trabajador, cofinanciada por el Ministerio y la Junta de Andalucía sea, a la misma vez, justa e injusta, dependiendo del procedimiento utilizado, porque sea cual sea el procedimiento la ayuda la recibe su legítimo beneficiario".
Ya el instructor del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, admitió que "un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlo también en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada”, al hilo de lo cual argumenta Núñez: "La posición contraria nos llevaría a afirmar que todos los actos de concesión de las ayudas son constitutivos de delito y, en consecuencia, TODOS los trabajadores que han percibido estas ayudas, al menos unos 6.000, deberían devolverlas trayéndolos al procedimiento, al menos, como beneficiarios a título lucrativo".
Más allá de que la justicia logre probar los delitos que se imputan a los procesados de la Gürtel, la Púnica, etc., todos ellos obedecen a una mecánica criminal relativamente sencilla: en principio, se trata de tipos que se enriquecieron saqueando las arcas del Estado. De hecho, una de las pruebas de cargo que aparece repetidamente en la biografía de todos ellos es su abultada cuenta corriente, ya sea en bancos nacionales o extranjeros. Para hacer lo que hicieron no se podía ser tonto pero tampoco se necesitaba una inteligencia superior. Lo que se necesitaba era algo que todos ellos tenían: mucha codicia, bastante descaro, algunos cómplices y ninguna ética. Nada más.
El caso de los ERE es más complicado, y no solo porque ninguno de los supuestos los delincuentes que lo diseñaron se ha hecho rico (más bien se están arruinando pagando abogados), sino porque si fuera cierta la tesis defendida por el Ministerio Público y por los jueces Alaya, Martín y Barreiro, aunque no así por la juez Núñez, el presidente Manuel Chaves y los restantes 25 altos cargos procesados en la pieza del procedimiento específico serían inteligencias no ya malvadas, que también, sino superiores: auténticos genios del crimen organizado.
Criminales paradójicos, por cierto, pues destinaban el dinero de los presupuestos para financiar prejubilaciones de trabajadores de empresas en crisis, pero no apartaban ningún pellizquito para ellos. De hecho, nadie los acusa de haberse llevado dinero: los acusan de haber urdido, a la vista de todo el mundo, un portentoso mecanismo para que el dinero… se lo llevaran otros.
¿Y todo ello con qué propósito? Muy sencillo: para ganar elecciones. La verdad es que como estrategia electoral resultaba algo arriesgada, extremadamente cara y de complicadísima ejecución, pero, en fin, nunca se sabe de qué es capaz la gente con tal de ganar unas elecciones y poder cobrar 3.000 euros al mes.
¿Significa todo ello que si no hubo Gran Conspiración entonces no hubo nada? No, significa que no hubo todo. Significa que, incumpliendo todos los procedimientos, la Consejería de Empleo –pero solo ella, no media Junta de Andalucía con su presidente a la cabeza– otorgó decenas de ayudas a empresas, amigos o instituciones que ni estaban justificadas ni fueron debidamente fiscalizadas, y será que el examen judicial de cada una de ellas lo que permitirá conocer el alcance exacto de la prevaricación y la malversación.
Sin embargo, en la pieza política del caso, la conocida como del procedimiento abreviado, acusan a Chaves, Griñán y los demás de haber ideado un mecanismo presupuestario tan audaz como diabólico con el cual centenares de mineros de Huelva, operarios de Santana, mecánicos de Delphi… y así hasta 6.000 trabajadores que fueron despedidos cobraron o siguen cobrando sus prejubilaciones. ¿Pero no era demasiado riesgo cometer prevaricación año tras año solo para que te votaran los prejubilados y sus familias? ¡Qué va, al ser otros los beneficiarios, nadie sospechaba de los verdaderos culpables del atraco!¿Y cómo es que la oposición política nunca denunció unos manejos tan a la vista de todo el mundo, puesto que las crisis de las grandes empresas y el compromiso financiero de la Junta con los trabajadores estaban todos los días en los periódicos y en los debates parlamentarios? ¡Pues porque los socialistas tenían engañado a todo el mundo!
¿Y con qué sistema operativo actuaban? Con el más audaz que vieron los siglos: bajo la aséptica denominación de ‘transferencias de financiación’, los muy cucos incluían las millonarias partidas delictivas en ¡¡¡la mismísima Ley de Presupuestos que el Parlamento andaluz aprobaba cada año!!!
Lo dicho, en realidad no deberían procesarlos: deberían darles el Premio Nobel a la Delincuencia Organizada.
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