Antonio Felipe Rubio
Periodista
Una de las promesas que se prometían más felices tras la incorporación de partidos emergentes a la gobernabilidad de los pueblos y el “empoderamiento” de la gente radicaba en la apertura del “nuevo tiempo”, transparencia, ilusión, más democracia… y solucionar los problemas de la gente. Ahora, con el suficiente tiempo de rodaje, se desvela la naturaleza de ese pretendido “nuevo tiempo” y las soluciones a los problemas de la gente: guerras fratricidas interminables en los partidos de la izquierda, problemas de identidad en el centro-liberal-ex socialdemócrata y sensación de acoso e impotencia en la derecha.
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| Tiempo nuevo |
Resulta difícil solucionar los problemas de la gente con un panorama político tan convulso. Los interminables casos de corrupción incursos en procedimientos judiciales, y los aún no conocidos que se utilizan como reserva de munición contra los rivales, auguran un lastre lamentable en el momento más delicado para la sociedad española. Los esfuerzos para la recuperación económica están coincidiendo con la mayor depresión política, y esta correlación mantiene una desconfianza que anula o ralentiza el proceso de recuperación.
Raro es el día que no se señale a un dirigente político como presunto delincuente que ha de dimitir de sus cargos institucionales por una imputación/investigación o apertura de juicio oral. La novedosa incorporación de “limpieza” en la clase política exigiendo el cese fulminante de imputados por “delito” de corrupción ha encontrado una prolífica espita de matices, interpretaciones y evasivas.
En el ordenamiento jurídico actual no existe el delito de corrupción, y menos aún delito de corrupción política. Una cosa es el delito por cohecho, malversación, tráfico de influencias, prevaricación… en el ejercicio de la actividad pública, y otra muy distinta englobar en delito de corrupción cualquier investigación/imputación por irregularidades administrativas dimanantes de la gestión de los recursos públicos. Y así nos podemos pasar media vida en si son galgos o podencos. Lo curioso de estas cauciones para la “limpieza” de la clase política estriba en la laxitud o ignorancia ante otros delitos nítidamente tipificados que quedan exentos ante la discriminatoria mirada de los políticos que, por este procedimiento, pueden dar cabida a un alcalde o parlamentario investigado y condenado por un delito de pederastia, tráfico de drogas, agresión física… y una serie de reprobables delitos que no son “delitos” de corrupción política.
En Unidos Podemos aflora la tendencia a asumir las viejas prácticas de la “casta”; acepción referida a la derecha, pero extensible a otros comportamientos del fascismo de la ultra izquierda. Lo vemos en la “fraternal” purga de rivales y en la judicialización de la política. Pablo Iglesias reacciona con su intolerante y chulesco comportamiento ante algunas periodistas y periodistos invitando a los ofendidos a llevar el asunto a los tribunales de justicia con identificación de las presuntas víctimas que solicitaron amparo a la Asociación de la Prensa de Madrid. Nada mejor para concentrar la insidia y el escrache que “fichar” la filiación conociendo quién eres, dónde vives y dónde trabajas.
Tanto Unidos Podemos como los medios podemitas desvían el asunto con el argumento de la autocensura periodística en los medios, cuyos propietarios son los “mayores enemigos de la libertad expresión”. O sea, un operario en cadena de montaje puede dejar de poner tuercas en las ruedas, y esto le costaría el empleo. Pero un editor no tiene derecho a tratar una información como considere oportuno y ha de respetar los criterios de un libérrimo redactor que eche por tierra la línea editorial y el futuro de la empresa.
No desesperen. Seguro que en los próximos días veremos el santoral y horario de misas en el diario digital de Nacho Escolar como concesión a la libertad de expresión de un piadoso redactor. ¡Serán hipócritas!