Rosa Ortiz
Periodista
El Juzgado de Instrucción 2 de El Ejido citará a declarar en juicio oral al alcalde del municipio, Francisco Góngora (PP), al estimar que resulta “indiciariamente acreditado” que pudo incurrir como cooperador necesario en delito en la compraventa de una finca rústica que luego se recalificó a urbanizable y en la que participó una sociedad formada por él mismo, su hermano, su padre y un cuarto socio. En el auto, que fue dictado el pasado día 1, la juez instructora Juana María Gómez atribuye a Góngora la presunta comisión de dos delitos de falsedad documental y de un delito contra la Hacienda Pública y da traslado a las partes personadas, entre ellas la Agencia Tributaria (AEAT), para que, en un plazo de diez días, formulen escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa.
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| Góngora y Enciso |
La magistrada acuerda el procesamiento, asimismo, del hermano del alcalde, de su padre y de su socio, así como del administrador de la mercantil a la que su sociedad vendió la citada finca rústica. Los hechos tuvieron lugar entre 2004 y 2007 aunque la causa se inició en 2011, a raíz de una denuncia presentada por el PAL. El auto relata que los investigados, al objeto de adquirir una finca rústica situada en el paraje ejidense de Loma de los Hornillos, constituyeron en el año 2000 la sociedad ‘Agrícola Euro Alpujarra S.L.’ en la que se nombró como administrador al hermano del alcalde.
La compra, según señala, se hizo efectiva por un precio de 300.506,05 euros y después “parte de la citada finca fue recalificada como urbanizable”. En agosto del año 1998 ya se expuso al público un avance del PGOU de El Ejido en el que se detallaba la reclasificación de ese suelo como urbanizable, época en la que Góngora todavía no ocupaba ningún cargo público en el ayuntamiento. En 2002, con Francisco Góngora ya como concejal de Urbanismo (con Juan Enciso todavía en el PP), se aprobó el PGOU y la recalificación del terreno. Dos años después, la sociedad de Góngora vendió presuntamente y, según la denuncia, esos terrenos de manera privada “por un precio muy superior al de compra”. “Para compensar el precio oculto, en esa misma fecha, ambas partes otorgaron escritura pública de compraventa mediante la cual ‘Agrícola Euro Alpujarra’ compraba a ‘Murgi Edificaciones S.L.’ dos locales comerciales de 120 y 118 metros cuadrados por 150.391,26 euros más IVA, falseando igualmente -añade la juez- el precio ya que el de mercado de los mismos rondaba los 600.000 euros”.
La instrucción habría acreditado indiciariamente, asimismo, que la sociedad de la que era socio el alcalde ejidense no declaró en el Impuesto de Sociedades de 2007 el importe “realmente recibido por la venta de la finca”, por lo que con ello “habría defraudado a la Agencia Tributaria la cantidad de 296.072,03 euros”. La juez Juana María Gómez concluye que los cinco investigados “eran todos sabedores y conscientes de la falsedad de las escrituras públicas respecto al precio consignado en las mismas y del fraude a cometer a la Agencia Tributaria”, por lo que tipifica los hechos como dos presuntos delitos de falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública. Las diligencias previas que ahora pasan a procedimientos abreviado se incoaron tras la denuncia del PAL hace ahora seis años.
Francisco Góngora ha señalado hoy que la apertura de un juicio oral “no pone en tela de juicio” su gestión pública “ni presente ni pasada” y que no presentará su dimisión, como le ha exigido ya la oposición municipal en bloque, porque “nadie, ningún partido, ha dicho que alguien tenga que dimitir por algo que no tenga que ver con la gestión pública”, afirmó. El regidor, respetuoso con la decisión de la jueza, ha alegado, sin embargo, que las diligencias han sido lo bastante completas como para que “a estas alturas” el tema estuviera ya “muy claro”. “Estoy deseando que se entre en el fondo de algunas cuestiones que quedan pendientes porque es una situación desagradable” que dura, ha dicho, seis años. Góngora ha señalado que su abogado pedirá dos ratificaciones de sendos informes periciales para, en sede judicial, formular “preguntas determinantes”. “Eso es lo único que se va a recurrir” del auto de la magistrada Juana María Gómez.
Por su parte, tres de los cuatro grupos de la oposición municipal (PSOE, IU y UPyD) han pedido su dimisión “irrevocable e inmediata” tras conocerse el auto de la jueza. El grupo municipal de Ciudadanos no se ha pronunciado porque aún no ha nombrado al concejal que sustituirá a Francisco Rodríguez, fallecido recientemente. “El Ejido no se merece tener otro alcalde más sentado en el banquillo. Pedimos al PP que designe a otro candidato y que si Góngora no dimite, le obligue a dimitir”, ha apuntado Juanjo Callejón, concejal del PSOE.
Rosalía Martín ha pedido al PP que “tome cartas en el asunto” y que no haga una escapada “a lo murciano”. “Francisco Góngora ha pasado de imputado a procesado. A esta hora ya es tarde para que dimita”, ha apuntado. Por su parte, el portavoz de UPyD, Desiderio Enciso,ha afirmado que la persona que gestiona la hacienda pública no puede estar bajo la sospecha de una presunta irregularidad: “Ahora no puede seguir ni un minuto más”.