Emilio Ruiz
La implantación del servicio militar obligatorio se remonta al año 1770, pero fue en 1912 cuando se organizó de la forma que lo recordamos. De un modo u otro se mantuvo vigente durante 231 años. El Partido Socialista, que gobernó España entre 1982 y 1996, consideró conveniente mantenerlo. Fue José María Aznar quien consideró en 2001 que “el servicio militar obligatorio era, sencillamente, inmantenible en la España del fin del siglo XX”. Y lo suprimió. El PSOE no acogió la medida con mucho agrado. De hecho, si hurgamos un poco en la hemeroteca, en el diario El País del día 19 de septiembre de 1989 se puede leer esto: “El PSOE propondrá en la próxima campaña una profunda reforma del servicio militar obligatorio, pero se opondrá a su progresiva eliminación e incluso a un sensible acortamiento de su actual duración”. Recuerdo que uno de los mayores defensores entonces de la permanencia de la mili era Alfonso Guerra, que consideraba que la incorporación a filas de todos los jóvenes sin excepción era un acto de igualdad para todos los españoles independientemente de su situación económica, social o familiar. El tiempo ha demostrado que el PSOE estaba equivocado.
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| El Partido Socialista tiene perdida esta batalla. Que lo sepa. Y cuanto más tarde en reconocerlo, en peor lugar quedará |
No sé por qué, porque en realidad no tiene nada que ver aquella situación con ésta, la obstinación del PSOE en defensa del Impuesto de Sucesiones y Donaciones me recuerda la obstinación aquella de la mili. El PSOE y la Junta de Andalucía cometen un error cuando se empeñan en defender lo indefendible. No voy a detallar todas las razones que descalifican la vigencia de este impuesto –por lo menos la vigencia tal como lo entiende la Junta a la hora de imponer los tipos impositivos-, porque son muchas. Pero sí me gustaría decir que la campaña que de forma tan eufórica ha emprendido está plagada de trucos y medias verdades. “Si un padre deja a su tres hijos –viene a decir la Junta- una herencia de 750.000 euros, ninguno tiene que pagar nada”. Es cierto. ¿Y si tiene dos hijos? ¿Y si en vez de ser hijos son nietos? ¿Y quién es el que establece el valor de los bienes: el propietario, el Catastro o acaso es la propia Junta quien lo determina, a veces de forma disparatada? ¿Considera de justicia el Gobierno de Andalucía el hecho de que sean los andaluces, por el solo hecho de ser andaluces, los españoles que sufran con mayor virulencia el castigo del impuesto? En fin…
El Partido Socialista tiene perdida esta batalla. Que lo sepa. Y cuanto más tarde en reconocerlo, en peor lugar quedará. Sucesiones es un impuesto injusto porque penaliza a las clases medias, no a los ricos. Los ricos organizan su patrimonio de modo distinto… o simplemente establecen su residencia en Madrid, como hizo la duquesa de Alba y hacen otros muchos compatriotas. Para colmo, es ahora nuestra vecina Murcia quien anuncia para el día 1 de enero la exención del 99 por ciento del impuesto. El consejero murciano de Hacienda, Andrés Carrillo, considera que “Sucesiones y Donaciones es un impuesto especialmente injusto, que obliga a muchas familias a pagar cuando reciben un bien en herencia que no pueden vender, como ha ocurrido en los últimos años con las propiedades inmobiliarias”. En el PSOE esto no lo ven. Ahora. Pero terminarán viéndolo. Como lo de la mili.