Miguel Ángel Vázquez
Portavoz del Gobierno de Andalucía
Andalucía no va a pagar los platos rotos por la mala gestión del Gobierno de Mariano Rajoy. Por eso, la Junta recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la decisión del Consejo de Ministros de desviar a las comunidades autónomas la multa de 262,8 millones de euros que le impuso la Comisión Europea al Reino de España en relación con las ayudas en zonas de pastos.
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| ¿Quién paga? |
Esta sanción se debe a que el Gobierno de la nación no hizo bien sus deberes en la adaptación de las instrucciones de Bruselas para la definición de las zonas que podrían recibir esas ayudas. Actuó tarde y mal. Las comunidades autónomas siguieron el camino establecido por el Ministerio de Agricultura y ahora no se pueden ser víctimas de este atropello. Por eso, ha de ser el Ministerio quien asuma la totalidad de la penalización.
Sin embargo, en acuerdo adoptado por el 17 de febrero, el Consejo de Ministros quiere trasladar la patata caliente a once autonomías. En el caso de Andalucía, la Junta tendría que hacer frente a la devolución de 63,7 millones de euros. Resulta inaceptable que el Ejecutivo del PP quiera descargar en las comunidades la responsabilidad por este error y además amenaza con descontarles las cantidades en un plazo de dos meses si no hacen efectivo su pago. No sólo meten la pata, sino que se permiten el lujo de coaccionar.
Esta metedura de pata del Gobierno podría comprometer el pago de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que en Andalucía suponen más de 1.400 millones de euros anuales y benefician a 300.000 agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias. Las organizaciones profesionales Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias han mostrado ya su respaldo unánime al recurso.
Y no sólo perjudica al sector, sino que al exigen que las CCAA lo paguen de su presupuesto podría afectar a otras partidas tan sensibles y prioritarias como la educación o la sanidad. Por este motivo, el Ejecutivo que preside Susana Díaz responderá a este nuevo agravio de Rajoy dando batalla en el plano jurídico y el político. No se puede tolerar que se pongan en riesgo los servicios públicos fundamentales por la torpeza y la actuación negligente del Gobierno de la nación. Si es un error del Gobierno, que lo pague quien lo ha cometido. Quien rompe, paga y se lleva los tiestos.