Juan Francisco
Puga Murcia
El Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado los presupuestos de este año en un ambiente de tensión y crispación ante el ambiente político que vive estos últimos días el municipio tras la imputación del Alcalde. En efecto, una vez más estos presupuestos campechanos siguen la línea continuista comentada por el Concejal de Hacienda, Francisco Rivera, bajo la directriz de la austeridad y el control de gastos. Han obtenido el visto bueno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con algunas “sugerencias”.
Se ha anunciado un superávit de 12,69 millones considerando como gastos 77,48 millones y como ingresos 90,14 millones, cantidades aproximadas. A simple vista puede parecer que ha habido una excelente gestión si un lector sólo lee el título de las noticias publicadas en estas semanas, pero lo cierto es que ese superávit se centra en las operaciones de crédito a partir del plan de pagos a proveedores y de la refinanciación mediante los fondos de reordenación.
¿Qué quiere decir esto? Que si descontamos de los ingresos el capítulo 9 (pasivos financieros), nos quedamos con un capítulo de ingresos de 78,48, es decir, sólo ha habido un 0,87% más de ingresos que en 2016. Este capítulo de ingresos se debe comparar con el capítulo 9 (pasivos financieros) de gastos el cual se ha visto incrementado casi un 50% más ante la amortización de préstamos a largo plazo; de 8.165.678 euros a 12.164.510 euros.
De hecho, el índice de relevancia de la carga financiera incrementándose en el ejercicio liquidado de 2016 advertía del impacto que supondría para el actual ejercicio esta tendencia alcista si se suma el incremento (cap. 9 gastos) de las cantidades a amortizar de los préstamos, lo que paralelamente originaría problemas para cumplir ciertos requisitos y obtener el visto bueno de los informes para la supervisión del Ministerio, necesitándose otro reequilibrio económico-financiero.
Dicho esto, el presupuesto es ciertamente equilibrado cumpliendo con los objetivos de deuda (deuda actual 218.49; 182 millones de euros) y dentro del plan de ajuste económico establecido, hasta al menos el año 2.032. A pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento, el informe de liquidación de 2016 sigue manteniendo propuestas de ajustes en personal y servicios, reducir el número de deudores y obligaciones de pago o derechos reconocidos, y con urgencia, mejorar los procedimientos tributarios liquidatorios e impulsar la inspección fiscal, ya que en diversas partidas presupuestarias la capacidad de recaudación del Ayuntamiento es cuestionable.
Según expresaba el Concejal de Hacienda en el Pleno, ha habido aumentos de gasto en algunas partidas presupuestarias de servicios públicos traduciéndose en mayor calidad, aunque lo cierto es que ha habido reajustes entre partidas presupuestarias, salvo que se trate de servicios con financiación de otras entidades, y está demostrado que el aumento no es garantía de mayor calidad. Apunta también que hay mayores transferencias en mantenimiento para la empresa DUE, transferencias corrientes directas en este caso que no sobrepasan el 1%.
Además, “se va a dar respuesta a los servicios de la nueva oficina virtual” que supuestamente debería estar operativa antes de acabar el trimestre, porque a decir verdad la sede electrónica actual es una auténtica chapuza de hace siete años cuyo coste reflejado en el contrato de adjudicación supuso 200.000€ a las arcas municipales. Chapuza porque no se puede acceder a realizar ningún trámite en línea y el Ayuntamiento tiene que dedicar recursos humanos para suplir la inoperatividad de la sede electrónica.
Se ha dicho que estos presupuestos son “los más inversores”, pero a su vez se dice que no se reflejan en el propio presupuesto y se irán ampliando a través de modificaciones presupuestarias… Esto es, las inversiones dependerán de fondos principales ajenos al Ayuntamiento (de las CC.AA, del Estado, de la UE…), que una vez que superen la lupa y la “tutela” de la Administración dependiente del Ministerio y no supongan incremento del gasto permitido alterando el presupuesto, podrán llevarse a cabo. En realidad, esto cabría calificarse como inversiones condicionadas en unos presupuestos maniatados.