Emilio Ruiz
Corría el año 2007. Eran momentos de esplendor, de optimismo, de conciencia social. El mismo presidente del Gobierno que teníamos, José Luis Rodríguez Zapatero, era puro optimismo. Había cubierto muchas etapas, en todos los sentidos, pero nos encaminábamos a afrontar la ecológica. “El sol puede ser suyo”, decían los eslóganes. "Sea patriota, invierta en energías renovables", alentaban desde todos los medios. El “Compromiso de Kyoto” achuchaba. Y en estas llegó el BOE. Oficializó lo que se creía que eran utópicas promesas. "La sociedad española actual demanda cada vez más la utilización de las energías renovables y la eficiencia en la generación de electricidad como principios básicos para conseguir un desarrollo sostenible desde un punto de vista económico, social y ambiental". No decía estas palabras cualquier subsecretario de cualquier ministerio, no, eran letras de molde publicadas en el más oficial de nuestros diarios con la rúbrica del mismísimo don Juan Carlos. Era cualquier cosa menos papel mojado. Era palabra de Ley y de Rey. Ahí es nada.
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| Planta solar en Almería instalada por Contreras |
De inmediato, los aviesos comerciales se pusieron en marcha. No era un negocio que se practicaba de profesional a profesional. El beneficio era para todos, era como una acción social. Bastaba con tener un terreno baldío o una nave industrial con techo aprovechable. Se ocupaban con placas solares y punto. Ni siquiera hacía falta dinero. El banco lo fiaba todo. El plan, una lotería: “Nosotros –nos decían- te hacemos el proyecto, conseguimos los permisos, te lo montamos todo, tú solo tienes que ir al banco a que te den el préstamo, empiezas a producir energía, Endesa te la compra a buen precio, con lo que te dan pagas tu cuota del préstamo; en diez años, préstamo pagado, y, a partir de ahí, todo para ti, un chollo”. No era un cuento de la lechera cualquiera. Era más o menos así lo decía el BOE.
En solo dos años se instalaron en España 4.200 megavatios de energía solar fotovoltaica cuando las previsiones eran de solo 400
62.000 familias españolas entraron al trapo. De ellas, 16.000 son andaluzas y 1.600 son almerienses. Lo hicieron de buena fe, confiadas en el rigor de la publicación oficial, en la seguridad que da un Estado de derecho. La realidad es que todos nos volvimos locos: en solo dos años se instalaron en España 4.200 megavatios de energía solar fotovoltaica. Un disparate. Las previsiones eran de solo 400. En 2008 empezaron los primeros recortes y en 2010 un real decreto establecía “medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico”. Era un pisoteo a las condiciones del BOE. Se recortaban las ayudas a los huertos solares en un 45%. Y lo peor, con efectos retroactivos. Las cuentas ya no cuadraban. Lo que se vendía como un equilibrio financiero ahora hay que ponerle mucho dinero encima. Y el banco no perdona: o pagamos o nos embargan.
La mayoría de las inversiones la hicieron particulares. Pero también entraron en el negocio, en instalaciones grandes, muchos fondos de inversión internacionales. Éstos no asumen la estafa así como así. Las demandas siguen su curso. Si los tribunales internacionales les dan la razón, los tribunales españoles tendrán también que atender las demandas de los inversores domésticos. Es la esperanza que queda. Mientras tanto, mucha gente de buena fe tendrá que convivir con la ruina. Todo muy lamentable. E injusto.
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