Antonio Felipe Rubio
Periodista
La Junta de Andalucía acaba
de dar una sonora campanada con la extendida noticia de la multa a las monjas
del convento de Santa Inés de Sevilla por haber decidido esa serena y cristiana
comunidad llevar a restaurar el órgano de la capilla del citado convento que ya
fue declarado Bien de la Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía. El
órgano en cuestión no es directamente el BIC, lo es el convento y sus
pertenencias inventariadas; o sea, que las monjitas no se incluyen en el
inventario, pero se las han de inventar para pagar los 170 000 ¡ciento setenta
mil euros! La multa no está nada mal, cuando el órgano no se ha destruido, perdido
ni expoliado; simplemente se ha llevado a restaurar por la fundación experta
Alqvimia Musicae en el taller de Alcalá del Río. Por cierto, la restauración
estaba valorada en 150 000 euros, pero el responsable de la Fundación, Abraham
Martínez, reusó la parte de sus emolumentos que, sumado a las aportaciones de
los feligreses, la restauración quedaba reducida a un coste simbólico para las
monjitas. Por otro lado, el desglose de la multa es: 20 000 euros por trasladar
el órgano sin permiso de la Junta, y 150 000 por llevar a cabo la restauración
sin autorizarla y supervisarla la Junta de Andalucía. ¡Aquí no se mueve una
piedra sin permiso de la Junta del PSOE de Sevilla!
El Cable Inglés fue declarado BIC por la Junta de Andalucía. Se anunció y aprobó un presupuesto -jamás destinado- a la restauración como Patrimonio de Arqueología Industrial
Dejemos de tocar el asunto
del órgano de la Junta y vayamos a otros casos conocidos en la provincia de
Almería. El Cable Inglés fue declarado BIC por la Junta de Andalucía. Se
anunció y aprobó un presupuesto -jamás destinado- a la restauración como
Patrimonio de Arqueología Industrial. Se pagó un estudio de aprovechamiento
arquitectónico y viabilidad para diferentes usos. Nunca se terminó de
restaurar; nunca se aplicó el presupuesto designado; nunca se le otorgó uso y
disfrute salvo para, sin consultar con nadie porque la Junta se entendía
propietaria, celebrar el aniversario de Canal Sur con unos fuegos artificiales
que prendieron la tablazón, destruyendo parte de la misma. Nadie resultó
responsable, y pagamos los contribuyentes.
La Junta es propietaria de lo que le da la gana y descarga sus responsabilidades cuando le da la gana, y aquí no hay multas ni admonición alguna
Así las cosas, la situación
actual es la siguiente: La Junta ahora dice que el Cable Inglés no es suyo, es
responsabilidad del puerto (Gobierno central). Entre tanto, la Autoridad
Portuaria (nombrada por Susana Díaz), al percibir esta desviación de responsabilidad
de la Junta, encarga un estudio sobre la seguridad del BIC y, ante las
evidentes deficiencias, ordena su aislamiento en evitación de posibles
desgracias. Conclusiones: la Junta es propietaria de lo que le da la gana y
descarga sus responsabilidades cuando le da la gana, y aquí no hay multas ni
admonición alguna. Además, la Junta, en flagrante irresponsabilidad, mantuvo
una situación de riesgo para los ciudadanos que no se ha evidenciado hasta que
el Cable le ha “caído” en suerte a la Autoridad Portuaria, que se cura en salud
ante posibles eventualidades.
Otro caso es el del Hospital
Provincial (S. XVI). La Junta lo ha utilizado como hospital y centro de salud,
con la salvedad de que pareciese un asediado hospital de campaña en la Guerra
de Korea a la hora de entregarlo como unos “zorros” a la Diputación Provincial
de Almería. La institución provincial ha realizado reportajes y peritaje
técnico, resultando los daños incontables desde un valor histórico y
patrimonial irrecuperable por el destrozo protagonizado por la Junta de
Andalucía. Además, sin contar con el propietario, expoliaron el botamen
(utensilios de farmacia y laboratorio con más de cien años de antigüedad), así
como un mobiliario de despacho en maderas nobles y repujados que pudo ser
recuperado tras una intensa investigación… ¡Lo tenía otra dependencia de la
Junta de Andalucía!
Si te descuidas, la Junta te
“levanta” enseres y bienes en el barullo de la mudanza (y de eso bien saben las
turbadas monjitas sevillanas). La Junta usa las cosas como propietaria y
benefactora, como las abandona cuan despojo con idéntico desparpajo. Eso sí;
hay que ser ejemplares e implacables con las monjitas por limpiar y adecentar.
Pues mejor dejarlo como están tantas cosas: sin oficio ni beneficio… y
acumulando mierda. Así no te multan.
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