Bombas de Palomares: en secreto 52 años después

Eva de la Torre

Periodista

Ocurrió en enero de 1966 y si en lugar de en España el accidente de Palomares hubiese tenido lugar en otro país, incluido Estados Unidos, ya se habrían podido conocer los detalles del suceso. Sin embargo, 52 años después, la legislación española mantiene el secreto oficial sobre el expediente. Esta situación tiene muchas y variadas consecuencias y una de ellas es el bloqueo del proceso que la Audiencia Nacional (AN) sigue contra el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en base a la denuncia presentada por Ecologistas en Acción.

El secretismo sigue 52 años después

Así, la Abogacía del Estado ha trasladado ante la Audiencia Nacional que los documentos del CSN sobre la limpieza de los terrenos contaminados con radioactividad en Palomares, en Cuevas del Almanzora propuestos como prueba son “confidenciales”, informa europa Press. Por tanto, no pueden ser aportados al procedimiento contencioso-administrativo impulsado por los ecologistas para que se obligue a la ejecución del plan de rehabilitación aprobado hace ocho años por el Gobierno.

La Abogacía del Estado justifica su negativa, alegando  que el Ministerio de Asuntos Exteriores aplicó a todo el proceso relativo a Palomares la normativa sobre secretos oficiales, calificando los documentos como reservados, y, como consecuencia, “los documentos generados en él, por cuanto hacen referencia o contienen información incluida en la documentación presentada, se clasificaron internamente como confidenciales para su tratamiento y protección”.

Ecologistas en Acción presentó la demanda que ha impulsado este procedimiento contencioso-administrativo para instar a la puesta en marcha del Plan de Rehabilitación de Palomares acordado por el pleno CSN en mayo de 2010 y obligar a que se fije un plazo para llevar a efecto el tratamiento “de los 50.000 metros cúbicos de tierra previstos”.  En su demanda, Ecologistas sostiene que en 2015,  “a instancias del Department of Energy, DOE” de EEUU, se  produjo una modificación de los criterios radiológicos acordados en el Plan de 2010, lo que se ha traducido en una reducción del volumen de tierra a descontaminar.

La necesidad de que se aporte el Plan de Rehabilitación reside, según remarcan desde el colectivo demandante, en que se trata de una prueba “fundamental”para acreditar que si bien este preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, el aprobado por el CSN en julio de 2015 “únicamente prevé limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada”.

“Por la Abogacía del Estado se alega que el Plan de Rehabilitación ha sido declarado confidencial pero no se acredita ni la fecha, ni los motivos, ni la autoridad que lo ha decretado, lo que no se entiende cuando es un plan de limpieza de una población que no afecta ni a la seguridad ni a la defensa nacionales”, subraya Ecologistas en Acción.

Dado que la AN ha requerido que se le remita el informe de 2015, pero no el plan de 2010, Ecologistas ha presentado un recurso de reposición para que el tribunal exija que el Consejo remita todos los documentos: el Plan de Rehabilitación aprobado en 2010, el informe del departamento de Energía de EEUU remitido al CSN en 2015 y el anexo del acta de la sesión celebrada por el Consejo ese mismo mes con los nuevos niveles de intervención para la restauración de Palomares.