Las AMPAS y los comedores escolares

Emilio Ruiz

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➤➤Las asociaciones de padres de alumnos (AMPAS) de los colegios almerienses Goya, Gómez Moreno, Santa Isabel, La Chanca, Europa, Madre de la Luz y Arcoiris se han manifestado en contra de la decisión de la Junta de Andalucía de sacar a licitación pública el servicio de los comedores escolares que gestionan desde hace años. Quieren continuar prestando el servicio por varias razones, unas más consistentes que otras –algunas incluso algo peregrinas-, pero sobre todo lo quieren hacer porque no hay nadie más interesado que los propios padres en dar a sus hijos un servicio de calidad. El asunto no carece de importancia. Ahora mismo hay en la provincia 176 centros con servicio de comedor escolar que atienden a cerca de 20.000 alumnos.

En Almería 20.000 alumnos disfrutan de comedor escolar

Las razones aducidas por la Junta de Andalucía para sacar a libre concurrencia la explotación de los comedores escolares son convincentes. La principal de ellas es de tipo legal: como cualquier otra concesión de un servicio público, su adjudicación está regulada por la Ley de Contratos del Sector Público. La Consejería de Educación se ha curado en salud a la hora de confeccionar el pliego de condiciones de la licitación: el menú hay que cocinarlo en los propios centros, el nuevo concesionario tiene que hacerse cargo del personal actual, se aumenta la valoración del porcentaje de empleo de alimentos ecológicos, se rebaja el valor de la oferta económica, etc. Pero la ley es la ley.

Estoy seguro de que tienen que existir argumentos legales que hagan posible la no alteración de algo que funciona bien

Los padres de los alumnos beneficiarios, los consejos escolares y los claustros de profesores de los propios centros y hasta, en este caso, el Ayuntamiento de Almería por unanimidad de todos los miembros de la Corporación han pedido a la Junta que sean los padres quienes continúen prestando el servicio. En el mismo sentido se ha manifestado el principal partido de la oposición. Estoy seguro de que tienen que existir argumentos legales que hagan posible la no alteración de algo que funciona bien. Si no los hubiera, porque una adjudicación directa resultara ilegal, la Junta de Andalucía debe arbitrar las fórmulas necesarias para satisfacer la voluntad de los padres.

Una cosa es evidente: nadie va a prestar el servicio con mayor exigencia que los propios padres

No cabe en imaginación alguna pensar que el propósito de la consejería sea ahorrarse unos pocos euros por la baja económica que ofrezca la empresa adjudicataria. No lo es. Entonces, si el único obstáculo está en la ley, ¿por qué no se arbitran otras fórmulas, que las hay? Una cosa es evidente: nadie va a prestar el servicio con mayor exigencia que los propios padres. Habrá que hacer lo que haya que hacer, siempre con respeto a la legalidad, para hacer posible lo que es por todos deseable.