Emilio Ruiz
➤➤➤Los españoles damos por hecho que lo que los políticos prometen lo pueden llevar a cabo… o no. Los programas electorales se han convertido en un papel mojado que, por ilusos y fanfarrones, ya nadie lee ni cree. Ambas cosas las tenemos asumidas desde hace tiempo. A lo que no nos acostumbramos del todo es a ver cómo algunos políticos nos prometen algo a sabiendas de que su cumplimiento es imposible. Felipe González sabía que “OTAN, de entrada, no” no podía ser, y por eso fue que sí. Rajoy sabía que era imposible la bajada de impuestos y por eso creó ¡60 nuevas figuras impositivas!
No salen las cuentas |
¿Y Pedro Sánchez? Entre las muchas promesas que ha hecho el líder del PSOE mientras estaba en la oposición hay dos que, al menos yo, sabía que no iba a cumplir. Una es la derogación de la reforma laboral. “¡Derogorla, no modificarla!”, gritaba en los mítines. No iba a ser verdad: la reforma laboral incluye aspectos que eran necesarios introducir y que no tienen vuelta atrás. Otros sí pueden y deben alterarse. O sea, que se puede modificar, pero no derogar. La otra promesa es la publicación de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro. Esa lista nunca se va a conocer, al menos por cauces legales. Por dos razones: porque espantaría ver el listado nominal de beneficiarios –y eso no conviene a nadie, y cuando digo a nadie es a nadie- y porque crearía una inseguridad jurídica propia de una república bananera.
El presidente del Gobierno anunció que va a prohibir futuras amnistías fiscales. Puede prohibirlo, pero es una prohibición baldía. Y él lo sabe. Él sabe que esa prohibición se puede levantar por otra norma de igual rango legal. Ergo, tal prohibición es innecesaria
En el debate de ayer el presidente del Gobierno anunció algo que, al menos por mi parte, es considerado casi como una falta de respeto. Dijo que el Gobierno va a prohibir futuras amnistías fiscales. Puede prohibirlo, pero es una prohibición baldía. Y él lo sabe. Él sabe que esa prohibición se puede levantar por otra norma de igual rango legal. Ergo, tal prohibición es innecesaria. Ninguna ley, ni siquiera la propia Constitución, puede tener validez ‘ad eternum’ en contra del deseo de los españoles y/o de sus representantes legales. No es momento de fuegos artificiales, y estos anuncios tan solemnes son eso: fuegos artificiales.
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