Emilio Ruiz
@opinionalmeria
➤ Aún no hay nuevo Gobierno en la Junta de Andalucía y ya ha saltado
la primera polémica entre quienes se suponen que van a desempeñar la nueva
responsabilidad, el Partido Popular y Ciudadanos –con el imprescindible apoyo
de Vox-, y quien se supone que va a ser el primer partido de la oposición, el
Partido Socialista. Los partidos de Juanma Moreno y Juan Marín continúan perfilando
sus acuerdos para los primeros cien días y para toda la legislatura. Hasta
ahora han establecido 80 medidas que subdividen en tres bloque temáticos. El
lunes cerraron el capítulo de medidas económicas y de política fiscal, en el que
se recoge el compromiso de acometer una bajada considerable de impuestos (hay
que recordar la campaña del “BMI: Bajada Masiva de Impuestos”, del Partido
Popular) durante los primeros cien días de Gobierno.
El acuerdo de la discordia |
Si se cumple con lo acordado se producirá la práctica eliminación
del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se bajará el tramo autonómico del IRPF,
ahora mismo entre los más altos de España; se reducirá el Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados que grava las hipotecas y se crearán nuevas fórmulas para valorar los
bienes a efectos tributarios autonómicos porque el sistema actual "provoca
impuestos desmesurados". Respecto a este último punto, son muchas las
quejan porque se considera que en la actualidad el valor de una transmisión
inmobiliaria, a efectos tributarios, no es el real de mercado, sino el que
marca la Administración, en muchas ocasiones un valor desorbitado, alejado de
lo verdaderamente pagado por el comprador.
¿Se sube o se baja el sueldo de
los altos cargos? La polémica
entre el PP y Ciudadanos, por un lado, y el PSOE, por otro, ha surgido respecto
al bloque de regeneración democrática y lucha contra la corrupción. En los
acuerdos firmados el artículo 4.5 aparece redactado así: "Estableceremos
unas tablas salariales que ordenen y socialicen las retribuciones de los altos
cargos y directivos públicos de la Junta. Todos cobrarán en referencia a las
retribuciones que se establezcan anualmente para los cargos análogos en el
Gobierno de la Nación, sin que puedan superar las que se prevean para estos
últimos".
Hay que tener en cuenta que son muchas las comunidades autónomas
que tienen para sus altos cargos unas tablas remunerativas que superan
ampliamente las establecidas para cargos similares del Gobierno de la nación. El
sueldo de cualquier cargo medio de la Generalitat de Catalunya, por ejemplo,
sobrepasa el del presidente del Gobierno de España. Por no hablar del
presidente de la Generalitat, Quim Torra, que casi duplica el de Pedro Sánchez.
En Andalucía, los sueldos de los altos cargos son bastante más modestos y de
los más bajos de España. Susana Díaz gana 67.000 euros al año, mucho menos que
el alcalde de Almería, por ejemplo. Un consejero gana en torno a 65.000 euros,
y un delegado, sobre los 47.000 euros brutos.
¿Cómo hay que interpretar el artículo 4.5 del acuerdo
PP-Ciudadanos sobre regeneración democrática y lucha contra la corrupción? La
mayoría de medios de comunicación no tienen dudas: al tomar como referencia las
retribuciones del Gobierno central, lo que va a hacer el nuevo Gobierno andaluz
es equiparar las retribuciones de nuestros altos cargos a aquéllos –que
aquéllos son también nuestros, por cierto-, de tal manera que la implantación
del mismo supondría una subida generalizada de sueldos.
“No se han cortado ni un pelo”. Los socialistas comparten esta
interpretación. El consejero de Economía en funciones, Antonio Ramírez de
Arellano, no ha dudado en señalar que “el Pacto PP-Cs propone subirse el
sueldo como altos cargos en el Gobierno de la Junta. Toman como referencia las
tablas retributivas del Gobierno de España, que son en general un 50% más
altas”. Si esto fuera así, el presidente de la Junta y los consejeros ganarían
13.000 euros más que ahora, mientras los directores generales llegarían a
duplicarse el sueldo, pues un director general del Gobierno de España cobra
104.063 euros, frente a los 55.812 que cobra un director general de la Junta. El
PSOE ha puesto en marcha su maquinaria en redes sociales para denunciar estas
intenciones. “Pues no se han cortado ni un pelo... ¡Han pactado una SMS-Subida
Masiva de Sueldos para altos cargos!”, denuncia el delegado de Gobierno en
Almería, José María Martín Fernández.
PP: “Una interpretación torticera”
Juanma Moreno, futuro presidente de
la Junta de Andalucía, y Juan Marín, futuro vicepresidente, se han apresurado a
calificar de “interpretación torticera” la realizada por el PSOE sobre el
dichoso artículo 4.5. Han manifestado que su intención es precisamente lo
contrario, que lo que pretenden es bajar los sueldos desorbitados de algunos
altos cargos de empresas públicas andaluzas.
Algunas voces apuntan desde
Ciudadanos que no han estado muy afortunados a la hora de redactar el artículo
4.5 y propugnan su modificación para que quede totalmente claro. En las mesas
de negociación, manifiestan, nunca se ha expuesto el deseo de realizar una
subida generaliza de sueldos para los altos cargos ni consideran que éste fuera
el propósito del Partido Popular. Muy al contrario, creen que hay que poner fin
a la que consideran descontrolada política de salarios de algunas empresas
públicas, la que denominan “administración paralela”. Todo parece a apuntar a
que finalmente ese artículo será eliminado o redactado nuevamente.
Susana Díaz: “Quieren cobrar más”
La presidenta de la Junta de Andalucía en funciones,
Susana Díaz, también está convencida de que el propósito del Partido Popular y
Ciudadanos es aprobar una subida generalizada de sueldos para los altos cargos
una vez que estén en el Gobierno. En unas declaraciones a la cadena Ser ha
manifestado que quieren cobrar más.
Díaz ha destacado que Juan Marín y su partido han
estado toda la campaña electoral asegurando que venían a limpiar la política
andaluza, “pero ya sabemos en qué
consistía esa regeneración política, en que aquí se cobraba poco y ellos
quieren cobrar más”. La presidenta en funciones también ha preguntado si
PP y Ciudadanos han "pedido permiso" al presidente de Vox, Santiago
Abascal, para llevar a cabo dicha medida porque, según ha defendido, "no
tienen votos suficientes" para aprobar ninguna cuestión sin el "visto
bueno" de la citada formación.
Disparidad de sueldos entre los
presidentes autonómicos
Según los Presupuestos Generales del
Estado para 2018, el sueldo del presidente del Gobierno asciende a 80.953 euros
brutos. Entre los presidentes autonómicos, hay quienes cobran menos que Pedro
Sánchez y hay también quienes cobran más.
El presidente de la Generalitat de
Cataluña, Quim Torra, cobra 146.926 euros. Supera también la cifra de 100.000
euros el presidente madrileño, Ángel Garrido (103.090 euros). El del País Vasco,
Iñigo Urkullu, se queda algo por debajo, con 99.470 euros. Javier Lambán,
presidente de Aragón, percibe 82.602 euros brutos al año.
Los demás presidentes cobran menos que Pedro
Sánchez. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, gana
78.068 euros. El de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y el de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, rondan los 73.000 euros. Fernando Clavijo, de Canarias, percibe 72.215
euros y Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, 71.425.
La remuneración anual de la presidenta navarra,
Uxue Barkos, es de 70.048 euros, mil y pico euros más que el presidente
valenciano, Ximo Puig, que gana 68.975 euros. El de Murcia, Fernando López
Miras, gana un poco menos: 68.257 euros. Y el del Principado de Asturias,
Javier Fernández, 66.041 euros.
Según el Portal de la Transparencia de la
Junta de Andalucía, la retribución anual para 2018 de la presidenta es de
66.230,16 euros.
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