Emilio Ruiz
@opinionalmeria
➤ Una noticia publicada por este periódico
el pasado viernes ha hecho recuperar de mi subconsciente un hecho que parecía
perdido para siempre en el baúl de los olvidos de mi cerebro. Era yo un joven
maestro que a principios de los setenta iniciaba su vida profesional
precisamente en mi pueblo, en sustitución de don Luis Cortés Rodríguez (“Don
Luis Coralo”), un viejo maestro instructor de generaciones, que acababa de
morir. Entonces era tan humilde el sueldo de un maestro –recordemos aquel viejo
dicho de “pasas más hambre que un maestro de escuela”- que la Administración
ponía a disposición de los docentes lo que entonces se denominaba “casa
habitación”. En realidad, esa vivienda no la necesitaba, pues en el pueblo
tenía el domicilio habitual familiar, pero me hice cargo de la llave por si
algún día decidía elevar a mayores mi relación, como así fue. Un cabo de la
Guardia Civil, que era el Comandante del Puesto, al enterarse de mi situación,
me pidió que le cediera el uso de la vivienda para ahorrarse él un alquiler.
Intenté hacerle ver que no era posible, primero, por ser viviendas dedicadas
exclusivamente para ser ocupadas por maestros; en segundo lugar, porque no
tardaría mucho en montar una familia, y tercero, porque no podía disponer
libremente de un bien que no era mío, sino de la Administración. Mi respuesta
no debió satisfacerle demasiado. A las pocas horas, un boletín de denuncia de
500 pesetas (me suponían entonces dos días de mi sueldo mensual) apareció sobre
el parabrisas de mi coche “por estar estacionado obstaculizando el tránsito de vehículos
y personas”; o sea, por tenerlo aparcado en un callejón sin salida por donde ni
siquiera pasaban los perros. Creo que fue la primera multa de tráfico que se
puso en mi pueblo desde que fue creado en 1924. Es una pena que no la guarde
enmarcada. Ya, ni vive el cabo, ni existe el cuartel y la vivienda fue
derruida. Qué vida.
He tenido este recuerdo a raíz de lo
sucedido –siempre presuntamente- a un guardia civil de la Agrupación de Tráfico
de la Comandancia de Almería. El hombre
debía de tener algo personal con un vecino suyo porque no se cansaba de ponerle
denuncias. Una, por “no respetar las señales de los agentes de la autoridad”.
Otra, “por no haberse sometido a la inspección técnica de vehículos (ITV)”. En
ambos casos, inventadas, según la fiscalía. De manera tan burda actuaba el
agente que se ha podido comprobar que mientras una de las denuncias fue en
Retamar, la patrulla del agente andaba por San Agustín, en El Ejido.
Afortunadamente, los tiempos han cambiado, y una actitud de un agente de la autoridad que en otros tiempos no hubiera merecido reproche alguno por parte de las autoridades civiles o judiciales, en esta ocasión está siendo censurada.
Afortunadamente, los tiempos han cambiado,
y una actitud de un agente de la autoridad que en otros tiempos no hubiera
merecido reproche alguno por parte de las autoridades civiles o judiciales, en
esta ocasión está siendo censurada. La propia Comandancia le ha abierto una investigación
interna “para depurar presuntas responsabilidades en la intervención del agente
de Tráfico”. Y el magistrado Jesús Hernández Columna, titular del Juzgado de
Instrucción número Dos de Almería, ha abierto diligencias penales por un
presunto delito continuado de falsedad en documento oficial, agravado por
la condición de funcionario público del agente investigado. El fiscal pide una multa
e inhabilitación durante seis años. No me digan ustedes que no es hermoso vivir
en un Estado de Derecho.
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