Alfonso Rubí Cassinello
Focal
➤ Alguien aconsejó a Pilar Miralles que se
pusiera en contacto conmigo para que le asesorara sobre lo que se podía hacer.
Conozco bien el Barrio Alto porque siempre me ha parecido que su degradación no
es propia de su posición en el tejido urbano. Por eso me alegré de que por fin
se planteara una operación de regeneración, aunque sea muy parcial, en la
solicitud a la Unión Europea de fondos FEDER para la Estrategia Urbana EDUSI
2030.
Sin embargo tuve que estudiar a fondo el
expediente municipal del Plan Especial NAN-02 y del Proyecto de Expropiación
para cumplir su encargo profesional. Descubrí un escrito de su marido de agosto
de 2015 aportando documentos (DNI, escritura de propiedad, etc.) y pidiendo
información sobre la tramitación que se iniciaba entonces. Se llegó a enterar
de lo que se pretendía: Pilar me contó que decía que tendrían que darles otra
casa y otra cochera.
Comprobé que la tramitación se había hecho
de acuerdo con las previsiones de las normas vigentes, aprobando las
sucesivas fases, comunicando las aprobaciones a los afectados (con dificultades
porque algunos de ellos están en paradero desconocido) y fijando el plazo
establecido por las leyes para recurrirlas. Las notificaciones sin embargo
están redactadas en un lenguaje jurídico que exige un mínimo de formación para
entenderlo. Pilar me confesó que incluso había tirado algunas de las cartas
recibidas confundiéndolas con publicidad, y que cuando leía alguna, no entendía
nada. Hasta que los vecinos y su hija le dijeron que querían quitarle su casa.
Fue entonces cuando buscó asesoramiento profesional.
Estaba tan inadvertida que no sólo pagaba
puntualmente sus contribuciones, sino que incluso había encargado recientemente
la reparación de la cubierta con una tela asfáltica nueva, que le costó 300
euros. Cuando le expliqué que no querían pagarle toda la casa, puso una
significativa cara de extrañeza, porque ellos siempre habían pagado el IBI por
la totalidad, y en su ficha catastral pone que la casa tiene 96 m2 y un valor
de hasta 36.600 €.
La tasación encargada por la empresa
municipal Almería XXI empieza advirtiendo que sólo se iban a valorar las
superficies registradas, lo que deja fuera el 25% de la superficie total
construida existente en el ámbito del Plan. Lo cierto es que así lo dice la ley
de expropiación forzosa de 1954. También dice que las valoraciones están
condicionadas por factores como el estado de conservación de las propiedades,
su edad, y el uso a las que están destinadas.
La casa de Pilar la han considerado
abandonada, por lo que los coeficientes de reducción aplicados son tan elevados
que el valor final de tasación se queda en unos míseros 14.855 € La verdad es
que la situación de las viviendas del Barrio Alto es peculiar, por el gran
número de casos de abandono y de ocupación ilegal. La Asociación de Vecinos El
Centimillo y el Foro cada vez que se planteaba la posibilidad de actuar en la
zona pedíamos que se abriera una oficina para aclarar los derechos de cada
vecino. En 2004, 2011 y 2015 el Pleno municipal aprobó una moción (la misma)
que no se ha cumplido nunca, ni tampoco ahora.
Con los datos recogidos redacté un recurso
que fue rechazado por haberse presentado fuera de plazo. Recurrí entonces al
concejal de urbanismo, a los portavoces de la oposición y al alcalde, para
pedirles una solución política y justa, pero no me han atendido. Aconsejé a
Pilar que se negara a entregar su casa y ahí está, soportando la situación con
un coraje admirable. A pesar de su depresión y de que el barrio se va
convirtiendo en escombros a su alrededor. Ocasión que aprovechan los carroñeros
para buscar gangas entre los restos de las casas a medio demoler. La suya ya ha
sido saqueada e incendiada.
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