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La liberación de los rehenes urbanísticos


Gerardo M. Vázquez
AUAN

➤ Hasta hace escasos días, la Junta de Andalucía consideraba que no cabía el régimen de asimilado al de fuera de ordenación (AFO) para las viviendas irregulares en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. En la práctica, a estas viviendas se las tenía como “rehenes” hasta que fuesen legalizadas en el supuesto nuevo planeamiento (que nunca llegaba). Había una opinión extendida de que no se debería premiar a estas viviendas reconociéndolas. Se consideraba que si se les permitía a estas viviendas acudir a la figura del AFO no pagarían los costes y cargas de urbanización, es decir, se les aplicaba una especie de “castigo” no previsto en la ley. Al no permitir a estas viviendas acceder al AFO, tampoco se les permitía tener servicios. Así en Chiclana, Carmona y Córdoba miles de viviendas llevan décadas sin agua potable.

De izquierda a derecha: Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía (José María Morente del Monte), el Secretario General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Junta (Andrés Gutiérrez Istria), Juan de Dios Sánchez López, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos y Portavoz en la Comisión de Fomento Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la Consejera de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio (Marifrán Carazo Villalonga), portavoz y Abogado de Abusos Urbanísticos Andalucía – No  (Gerardo Manuel Vazquez Nuñez), Presidenta de Abusos Urbanísticos Andalucía – No  (Maura Hillen),  Diputado del Grupo Parlamentario Popular Andaluz y Portavoz en la Comisión de Fomento Infraestructuras y Ordenación del Territorio (Juan Francisco Bueno Navarro).

Se olvidaban de la responsabilidad de la Administración en todo esto, dado que las 300.000 viviendas irregulares, que se estima hay en Andalucía, no salen de la nada, de un día para otro, y si no se pueden tirar no queda remedio sino regularizarlas en la medida posible. De hecho, ante tal cantidad de viviendas, el problema se ha convertido en un problema más bien social que urbanístico. Muchas de estas estas viviendas llevan habitadas décadas, lo que tiene implicaciones en cuanto a los derechos básicos a la vivienda, al domicilio y a la propiedad.
Tratar de resolver el problema de las casas irregulares con más planeamiento, cuando es el mismo planeamiento el que ha fracasado, es una ilusión
Por ello, tratar de resolver el problema de las casas irregulares con más planeamiento, cuando es el mismo planeamiento el que ha fracasado, es una ilusión. La gran cantidad de dinero tirado a la basura con planes rimbombantes pero condenados al fracaso es testigo de ello, por ejemplo, en Chiclana. Tampoco es de recibo empeorar el impacto de estas viviendas envolviéndolas en más suelo a desarrollar, más servicios, más infraestructuras. Asimismo, mientras se persigue esta quimera, no se aplican controles medioambientales a estas casas, y se permite que sus aguas sucias se viertan sin control adecuado, afectando a la los acuíferos y creando un problema de salud pública.

Ante este panorama desértico y desolado, con el cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía, llegamos al oasis de las palabras de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación de Territorio, Marifrán Carazo, en Sevilla, en su comparecencia ante el pleno del Parlamento andaluz el día 29 de mayo de 2019, cuando declaró: “Este nuevo Gobierno … tiene las ideas muy claras, y sobre todo, una firme y decidida voluntad política para arreglar, para resolver esta situación y no vamos a mirar hacia otro lado.” Añadiendo: “esta situación es importante, urgente y que no puede esperar, no puede esperar a buscar soluciones y alcanzar soluciones, a la aprobación de una nueva ley de urbanismo y suelo. De manera inmediata, señorías, esta misma semana se va a dictar una instrucción permitiendo la declaración y el reconocimiento de AFO en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable …”.

La evidencia de esta nueva voluntad política, de coger el toro por los cuernos, es que, efectivamente, el 31 de mayo 2019,en el seno de la Consejería se dicta la Instrucción anunciada. Obviamente una instrucción no cambia la Ley y serán necesarios pasos adicionales, incluyendo un Decreto Ley que también ha anunciado la consejera, pero la Instrucción da una nueva interpretación de la Ley existente, más acorde con la misma. La Instrucción es la Instrucción 6/2019, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sobre aplicación del régimen de asimilado a fuera de ordenación (AFO) en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. Según el apartado 2.1 de dicha Instrucción “Los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de los cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad por haber transcurrido los plazos establecidos en la LOUA, quedarán en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación. (apartado 1 del artículo 53 del RDUA).”.

Añade a continuación: “Lo anterior se entiende cualquiera que sea la clase y categoría de suelo (urbano, urbanizable o no urbanizable) sobre el que se sitúen. De hecho, ni el artículo 34 de la LOUA ni el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía se refieren, en exclusiva, a la clase de suelo no urbanizable. El suelo no urbanizable ha sido objeto de una regulación específica”.  En el apartado 2.3.3. se declara “Otorgado el reconocimiento es posible acceder a los servicios básicos. En efecto, según el apartado 3 del artículo 175 de la LOUA, expresamente aplicable a estos supuestos, la contratación de los servicios se llevará a cabo bajo las condiciones establecidas por el reconocimiento, que será título suficiente para la prestación de los servicios autorizados por el mismo””. Obviamente los servicios tienen que estar accesibles.

Queda por hacer, quedan por rematar flequillos, y por ver como los Ayuntamientos aplicarán esta Instrucción. También queda por permitir AFOs en asentamientos irregulares en suelo no urbanizable que no sean parcelaciones, una distinción bizantina introducida en el cambio normativo del 2016, que extendió la figura de AFO para algunos grupos de viviendas, detrayendo otros grupos de esa posibilidad. La regularización de estos asentamientos en suelo no urbanizable, y la aplicación de medidas medioambientales correctoras sobre los mismos, se va a permitir en un próximo Real Decreto Ley del Parlamento andaluz. El Decreto Ley requerirá su ratificación por el pleno del Parlamento, pero creemos que hay consenso general de los partidos políticos de poner fin a este problema de una vez por todas.

No es el fin del camino, es el principio del fin. Serán necesarias estas otras medidas que ha prometido la consejera, pero se ha empezado a actuar y parece que existe una clara voluntad política de resolver la lacra de las viviendas irregulares andaluzas de una vez por todas. Ante ello, esperamos que por fin puedan ser liberados los rehenes.

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