Emilio Ruiz
@opinionalmeria
⏩La mayoría de comentaristas, articulistas y
medios de comunicación en general claman estos días por el resultado final de
las negociaciones entabladas entre el PSOE y el resto de partidos para formar
un Gobierno, negociaciones que, como se sabe, han abocado en unas nuevas
elecciones el próximo 10 de noviembre. No hay ningún ciudadano español que no
deseara que de esas conversaciones hubiera resultado un Gobierno para España
fuerte, estable y coherente en su formación. Pero, lamentablemente, los deseos
no siempre se convierten en realidad. Tal como se había puesto la situación, la
solución generada de acudir a unos nuevos comicios no solo es la
constitucionalmente posible sino que es la más razonable. Trataré de
explicarme.
Se verán las caras el 10 de noviembre (Las Provincias) |
En cualquier país de nuestro entorno con un
parlamento multipartidista y muy fragmentado, el resultado de las elecciones
del 28 de abril tenía todos los ingredientes precisos para conformar ese deseado
Gobierno fuerte y estable. Ahí es nada, ver cómo dos posiciones ideológicas en
principio habituadas al pacto, como son la socialdemócrata (en España,
representados por el PSOE) y la liberal (representados por Ciudadanos)
conseguían, juntas, cinco diputados más de los que conforman la mayoría
absoluta. La formación de Gobierno, en esta situación, estaba cantada. Pero el
inexplicable giro político emprendido por Albert Rivera, empeñado en querer
arrebatar al Partido Popular la primacía de la derecha, ha dado al traste con
lo que tenía apariencia de ser el camino más razonable. En ningún país europeo
se ha entendido esta actitud de Ciudadanos. En España, tampoco. En buena parte
de su dirección y de sus electores, igualmente tampoco. Todas las encuestas indican
que esta actitud errónea de Ciudadanos le pasará una buena factura en las
próximas elecciones. Porque la gente no suele votar a un partido que no
entiende. Y a Ciudadanos no se le entiende. El partido se plantea no presentar
a Villegas por Almería ante la posibilidad de no conseguir ningún escaño.
El pacto PSOE-Unidas Podemos era insuficiente para alcanzar una mayoría, si bien es cierto que el debate de investidura se hubiera superado gracias a un caramelo envenenado: la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña
Descartado desde el principio el pacto de 180
diputados entre el PSOE y Ciudadanos, que era el pacto más razonable a la vista
de los resultados, las alternativas de los socialistas para conformar un
Gobierno con apoyo suficiente en el Parlamento resultaban muy difíciles, por no
decir casi imposibles. Realizados los descartes naturales (Vox, PP y afines y
separatistas), ninguna adición de siglas garantizaba una mayoría parlamentaria.
El pacto PSOE-Unidas Podemos, más PNV y el diputado de Revilla, era
insuficiente para alcanzar esa mayoría, si bien es cierto que en este caso el
debate de investidura se hubiera superado gracias a un caramelo envenenado: la
abstención de Esquerra Republicana de Cataluña.
La conformación de un Gobierno entre el PSOE y
Unidas Podemos no garantizaba ninguna estabilidad. En primer lugar, porque no
suman los diputados suficientes para conformar una mayoría parlamentaria. Y en
segundo lugar, porque antes de formar parte de un Gobierno de España, Podemos
debe resolver algunos problemas que tiene de ‘razonabilidad política’, como son
su posición ante la Constitución, su confianza en las instituciones del Estado
y, sobre todo, el acercamiento ideológico que manifiesta hacia posturas
separatistas en Cataluña. No puede –no debe, más bien- estar en el Gobierno de
España una formación política que propugna la autodeterminación de las regiones
y nacionalidades españolas y que no tiene empacho en calificar de presos
políticos a quienes están siendo juzgados por intentar quebrantar desde la
Generalitat la unidad territorial del Estado.
Con un Parlamento tan atomizado como el que ahora tenemos la Constitución debe establecer otras vías de gobernabilidad
Ante una situación política tan compleja, la
Constitución establece que la vía a seguir es la que ahora se emprende: que
sean los electores quienes vuelvan a pronunciarse ante las urnas. Si ese
pronunciamiento diera como resultado una situación similar a la que tenemos,
entonces caben dos opciones: un replanteamiento de su posición de todos los
partidos políticos o una revisión constitucional que evite situar la
gobernabilidad del país en un callejón sin salida. El artículo 99 de la
Constitución ha sido eficaz durante cuatro décadas, mientras el parlamento ha
tenido una configuración mayoritariamente bipartidista. Con un Parlamento tan
atomizado como el que ahora tenemos la Constitución debe establecer otras vías
de gobernabilidad.
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