Luis Cortés Rodríguez
Profesor emérito de la
Universidad de Almería
⏩ Por fin, en la mañana del lunes, supimos, a través de la rueda de
prensa dada por el presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado, que la sospecha
que teníamos de que esta Institución no iba a cambiar la esencia de su doctrina
en cuanto al lenguaje inclusivo se hizo realidad. Su conclusión más general es
que la Constitución emplea un español correcto en términos normativos. El
presidente fijó, en dicha rueda de prensa, los puntos más importantes del
«Informe sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución» con el que la RAE
responde a la solicitud que Carmen Calvo, en nombre del Gobierno de España, le
había hecho el doce de julio de 2018.
Gráfico: Infobae.com |
La idea de dirigirse a la institución
académica, evidentemente, es atinada. Solo falta que el informe emitido sea, al
menos en gran parte, aceptado y aplicado. Confiemos en que no suceda algo
parecido a lo que aconteció con la Propuesta de reforma del estatuto de
autonomía para Andalucía, hecho al que ya nos referimos hace unos años, pero que, como antecedente, conviene recordar para no
caer en el mismo error.
Sucedió que, poco antes de la publicación de dicho
Estatuto, el Gobierno andaluz pidió opinión a la RAE sobre el empleo del
masculino y femenino. Se pretendía establecer una «democracia paritaria» en el
citado Estatuto. La respuesta de la RAE fue muy parecida a la emitida estos
días y desechaba desdoblamientos del tipo «el diputado y la diputada»,
«andaluces y andaluzas», por ser innecesarios y artificiosos desde el punto de
vista lingüístico, a la par que recordaba la existencia y corrección del
masculino genérico.
Aunque hubiera sido más eficaz consultar, entonces, qué se
podía hacer para que la redacción del Estatuto resultara más inteligible, lo
cierto es que la pregunta fue la que fue. Desdeñada la recomendación académica,
la forma de proceder de los redactores del documento andaluz no fue la más
coherente. En efecto, en el texto hallamos una y otra vez, para referirse a la
totalidad de los andaluces, el desdoblamiento «los andaluces y andaluzas», que
alterna con otros sintagmas de igual significado: «el pueblo andaluz», «todas
las personas en Andalucía», «el hombre o la mujer andaluces», etc.
La
incoherencia surge cuando, a veces, se olvida el desdoblamiento y aparecen «los
andaluces» (sin las andaluzas). ¿Cabe pensar, por tanto, en estos casos que
solo se refiere a los hombres? ¿Están incluidas las andaluzas? Así, en las tres
páginas del «Preámbulo», se utiliza en cuatro ocasiones «andaluces y
andaluzas», en dos, «el pueblo andaluz», pero en una, en la segunda página, se
dice: «En 1978 los andaluces dieron un amplio respaldo al consenso
constitucional», de lo que cabe deducir, según la teoría del lenguaje
inclusivo, que solo votaron los hombres.
Si seguimos con la lectura del
Estatuto, en el apartado primero, «Título Preliminar», en los diez artículos
que comprende, consideramos que la «discriminación» de la mujer va creciendo,
ya que en cinco ocasiones aparece «andaluces y/o andaluzas», en dos, «pueblo
andaluz», en una «todas las personas en Andalucía» y «la sociedad andaluza»,
pero –¡ojo con la discriminación!– en cuatro ocasiones se emplea «los
andaluces». ¿La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo lingüístico
solo afectan a los hombres? Decimos esto porque el Artículo 1 apartado 2 quedó
redactado de este modo: «2. El estatuto de Autonomía propugna como valores
superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político para
todos los andaluces, en un marco de […]». Como este caso, y tal como mostramos
en la columna citada (recogida con el número 76 en el libro El habla nuestra de
cada día), los privilegios de los hombres sobre las mujeres se dan en otros
varios artículos del Estatuto (artículo 10, apartados 3 y 6, etc.).
Las
engorrosas repeticiones usadas por razones de corrección política, innecesarias
lingüísticamente, pueden conducir a este contrasentido. No sabemos si el
informe académico que se acaba de presentar ante la prensa será o no respetado.
Pediríamos a la vicepresidenta que dejara, salvo los ligeros retoques apuntados
por la RAE, la Constitución como está y que su ‘vocación lingüística’ la
enfocara a mejorar el ininteligible lenguaje jurídico que todos sufrimos o el
harapiento lenguaje publicitario, puerta de entrada de tantos barbarismos.
Ahora bien, si la señora Calvo pretende pasar de ‘alto cargo’ a ‘alta carga’,
le suplicamos que los elegidos para la redacción inclusiva de la Constitución
sean coherentes y eviten los mismos errores en que incurrieron los autores del
Estatuto. Bueno, quisiéramos también solicitar, a quienes tan interesados están
en estos cambios, que, si fuera posible, distinguieran, de una vez por todas,
entre lo que es el uso sexista del lenguaje (debido a la forma) y el sexismo
social (debido al fondo), ambos aborrecibles, pero que en ningún caso tienen
que ver con la imposición de un principio de «visibilidad» artificioso y
atentatorio contra la forma interna de nuestro sistema lingüístico y contra su
economía.
Reduzcamos, por tanto, al mínimo exigido contextualmente el cansino y
absurdo juego de repeticiones. Dejemos de maltratar el idioma. Sí, ese mismo
idioma que está en el poso de nuestras emociones, de nuestra intimidad y, por
tanto, el que nos acompaña en nuestro quehacer cotidiano. ¿Es suficiente para
que lo respetemos?
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