Qué ha fallado en la Operación Poniente

Javier Pajarón

Periodista

⏩⏩⏩ Como el vaticinio de un vuelco en el destino del juicio del Caso Poniente, Jesús Gázquez cerró la segunda sesión de cuestiones previas con un ruego a los magistrados de la Audiencia Provincial de Almería. El fiscal anticorrupción de Almería solicitó más tiempo para pronunciarse sobre la avalancha de alegaciones presentadas por casi medio centenar de acusados. Las partes ponían sobre la mesa la legalidad de las escuchas telefónicas, los registros, la elección del juzgado instructor, errores de trascripción y, sobre todo, la posible prescripción de delitos. Una tarea hercúlea. El mayor caso de corrupción jamás juzgado en la provincia de Almería.

Tres semanas después, el fiscal Jesús Gázquez anunciaba la retirada de más de la mitad de los delitos fiscales (todos los anteriores a 2006) y abría la puerta a una rebaja sustancial de las hipotéticas condenas para la trama de Elsur (el juicio apenas ha comenzado). La noticia generó una enorme controversia. Aunque los magistrados Társila Martínez, Jesús Martínez e Ignacio Angulo aún no se han pronunciado sobre la prescripción (las defensas piden la prescripción total de los delitos contra la Hacienda Pública), la Fiscalía ya anunciaba una reducción notable de sus peticiones iniciales, lo que se interpretó rápidamente como una victoria parcial de los acusados.

En la causa de El Ejido, los delitos contra la Hacienda Pública estaban esbozados en los informes de la Fiscalía Anticorrupción, pero no se imputaron inicialmente durante los arrestos en octubre de 2009

¿Qué falló en la causa de la Operación Poniente? Los delitos fiscales, grueso de las acusaciones, prescriben a los cinco años de cometerse. Si no se imputan durante la detención y no aparecen durante la instrucción del procedimiento, el reloj no para de correr. En la causa de El Ejido, los delitos contra la Hacienda Pública estaban esbozados en los informes de la Fiscalía Anticorrupción, pero no se imputaron inicialmente durante los arrestos en octubre de 2009, donde ‘cayeron’ el exalcalde Juan Enciso y exinterventor José Alemán. La juez instructora, Monserrat Peña, no incorporó entre los delitos imputados los referentes a la Hacienda Pública. Tampoco lo hizo en el levantamiento del secreto de sumario (primero de forma parcial en el año 2010).

En cualquier caso, la investigación habría llegado tarde a las primeras presuntas ilegalidades. Las pesquisas hablan de supuestas irregularidades en la trama de Elsur en el año 2002, pero esos presuntos delitos fiscales habrían prescrito antes de las detenciones, entre 2007 y 2008 (el delito fiscal se comete el año siguiente, cuando toca presentar la declaración).

Para poder incluir un delito se necesita cierta concreción, esto es, indicios de los investigados, sus presuntas actividades y el periodo afectado. Esta situación solo se reflejó (como poco) a partir de junio de 2011

Por otra parte, los informes de los peritos de la Agencia Tributaria tardaron en aparecer de forma concreta en la causa. Para poder incluir un delito se necesita cierta concreción, esto es, indicios de los investigados, sus presuntas actividades y el periodo afectado. Esta situación solo se reflejó (como poco) a partir de junio de 2011. “Todas las partes tenían conocimiento de que se les estaba investigando por un delito contra la Hacienda Pública y es, desde este momento, cuando consideramos que se interrumpe la prescripción”, señaló el pasado viernes el fiscal anticorrupción Jesús Gázquez.

Dicho de otro modo, la investigación llegó tarde para evitar la prescripción y se retrasó otros dos años en identificar los delitos contra la Hacienda Pública, dada la complejidad de la causa, el volumen de procesados e incluso los cambios en el Juzgado de Instrucción número Dos de Almería durante el periodo de indagación. Precisamente la falta de recursos se hizo palpable en distintos momentos de la instrucción. En abril de 2013, el Caso Poniente esperaba a que tres peritos analizaran aproximadamente 1,3 millones de archivos.

En aquella fecha la instrucción parecía casi terminada y, aún así, el juicio oral ha comenzado en enero de 2020. Este elemento anuncia con seguridad alegaciones sobre la aplicación de dilaciones indebidas (atenuantes en caso de una condena) en el futuro.  Un problema añadido. Y aún no han empezado las declaraciones.