Manuel León
Periodista
⏩⏩⏩ Empresas del transporte de Almería, una de las provincias
españolas con mayor número de cabezas tractoras, están ganando la batalla
judicial contra los fabricantes a los que los camioneros han demandado a través
de centenares de reclamaciones por entender que actuaban como un cártel
imponiendo sobreprecios de venta pactados y la repercusión de los costes de
adaptación en materia de emisiones contaminantes.
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| Las reclamaciones ascienden a 50 millones (Metratir) |
En el caso de Almería, se han
producido tres nuevas sentencias condenatorias para los fabricantes a través
del Juzgado de lo Mercantil. Es tal la avalancha de pleitos, en esta materia,
que a este juzgado se ha incorporado una jueza de apoyo, María Teresa Zambrana
Ruiz, para tramitar las demandas por el cártel de camiones.
Se han resuelto 104 procedimientos judiciales en los juzgados españoles con un resultado de 62 sentencias condenando a los fabricantes
El
cártel de camiones ha revolucionado el mundo de la reclamación de daños por
infracción del derecho de la competencia. Se han resuelto hasta la fecha 104
procedimientos judiciales en los juzgados españoles sobre todo tipo de
cuestiones: jurisdicción, legitimación, prescripción o prueba con un resultado
de 62 sentencias condenando a los fabricantes y 42 absolviéndolos, concediendo
indemnizaciones por sobreprecio en los camiones afectados de entre un 5% y
hasta un 25 %, es decir, unos 15.000 euros de media por camión, siempre que se
justifique su compra entre los años 1997 y 2011.
En Almería funciona desde hace
unos años la Plataforma de empresas de transporte afectadas (Aredafac) que
agrupa a 400 empresas que representan a 2.000 camiones, de los 4.000 afectados
en total, que podrían recuperar hasta 50 millones de euros por sentencias
condenatorias a los fabricantes. Su portavoz, Juan de la Cruz, representante
del despacho Fiscosur, considera que “por lo que vamos viendo en las sentencias
hasta ahora, lo único que puede evitar recibir las indemnizaciones son defectos
de forma o no incluir un buen informe pericial”.
A esta plataforma
pertenecen empresas como Citrasor, de Sorbas; Tracomar, de Albox; El Junza, de
Almería, o Cosentino, de Cantoria, ésta última con 80 cabezas tractoras. Cada
uno de los fabricantes recibe una demanda por separado y los principales
encausados son multinacionales como Man, Volvo, Mercedes, Renault, Iveco, Daf o
Scania.
Los camioneros afectados por el cártel de fabricantes exigen
indemnizaciones de hasta un 20% por cada camión como consecuencia del
sobreprecio aplicado y pactado por los propios fabricantes de camiones y
multado por la Comisión Europea con una multa de 2.930 millones de euros, la
mayor sanción por cuestiones de competencia impuesta en la historia de la UE.
La primera sentencia del juzgado de lo mercantil almeriense considera probada la existencia de un sobrecoste en el precio de venta de estos camiones que cuantifica en un 15 por ciento
El
juzgado de lo mercantil de Almería emitía el pasado noviembre la esperada
primera sentencia relacionada con las demandas de los camioneros almerienses, a
través del letrado Antonino Jiménez Vaz, del despacho Iberlex. quien había
interpuesto una demanda frente a la multinacional Daf. La sentencia del juzgado
de lo mercantil almeriense estima la demanda interpuesta y considera probada la
existencia de un sobrecoste en el precio de venta de estos camiones que
cuantifica en un 15 por ciento, cantidad que deberá ser devuelta al comprador,
sumándole los intereses de demora desde la fecha de adquisición del vehículo.
Es una batalla judicial que se inició hace aproximadamente dos
años y que, en el caso de Almería, reunió en torno a las 1.200 denuncias de
empresarios del sector que, en los 14 años en los que se mantuvieron las
actividades del ‘cártel de los camiones, adquirieron en torno a 4.000 cabezas
tractoras. La cantidad media reclamada por las empresas almerienses del
transporte por carretera está en torno a los 12.500 euros, por lo que la cifra
total que se espera recuperar podría alcanzar los 50 millones de euros.
La
Comisión Europea inició el procedimiento hace casi tres años y sólo uno de los
grandes fabricantes, la empresa alemana Iveco, rehusó cooperar con el órgano
comunitario. Otro de los ‘gigantes’ del sector, Man, quedaba exenta de
responsabilidades al haber sido la que denunció esas prácticas ilegales.
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