Juan Carlos
Pérez Navas
⏩ En un país avanzado como España la educación pública nos afecta a
todas las familias directa o indirectamente y es una de nuestras principales
preocupaciones. A esto se une el hecho de que esta pandemia nos ha obligado a
convertir nuestras casas en ambientes de aprendizaje y a valorar más aún la
importancia que adquiere la unión entre todos los agentes educativos cuyo deseo
es garantizar el derecho a la educación. En este contexto, no es de extrañar que
la educación sea el elemento común de conversación y preocupación en todos los
hogares de este país y, mucho más, ahora que estamos centrados en una vuelta al
colegio segura y con garantías para el alumnado.
Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía (Loa) |
Todas las familias nos preguntábamos desde el inicio del verano
cómo sería la vuelta al colegio y pensábamos que las administraciones
competentes sabrían estar a la altura y darían respuesta a nuestras preguntas y
preocupaciones. En julio, tras el estado de alarma, el Ministerio de Educación elaboró documentos
para que las distintas autonomías, que son las responsables de la educación en
su ámbito territorial, empezaran a trabajar en la vuelta al colegio de
septiembre, por lo que el Gobierno de España respondía, también, a las
comunidades que, como Andalucía, insistían públicamente en ejercer sus
competencias en cuanto esto fuera posible.
Han abandonado a los centros y a su personal a su suerte, lo que ha originado el mayor caos que se puede infringir a un servicio público tan esencial y que tanto afecta a la sociedad como es la educación
Las familias pensábamos que Moreno Bonilla había realizado el
trabajo que le correspondía durante este verano y, máxime, cuando había
expresado su deseo de volver a coger las riendas de la Educación en Andalucía.
Vemos, además, cómo en otras comunidades se vienen tomando medidas desde el
verano en cuanto a la contratación de personal de refuerzo como de adaptación
de los espacios en los colegios para favorecer una vuelta a las aulas segura en
esta época de pandemia marcada por el Covid-19. Sin embargo, comprobamos con
estupor cómo, después de todos estos meses, Moreno Bonilla y su equipo no han
movido un dedo. Han conseguido ponernos de acuerdo a toda la comunidad educativa
en que no han hecho los deberes y que han abandonado a los centros y a su
personal a su suerte, lo que ha originado el mayor caos que se puede infringir
a un servicio público tan esencial y que tanto afecta a la sociedad como es la
educación.
El Gobierno andaluz de las derechas no ha planificado, no ha
dialogado, no ha tomado medidas como bajada de ratio o contratación de personal
de refuerzo y no ha explicado nada a la comunidad educativa. En Andalucía, por
desgracia, el ejecutivo de PP y Cs que lidera Moreno Bonilla ha llegado
conscientemente tarde y mal cuando contaban con cuatro meses por delante para
haber hecho de las aulas lugares seguros y, por consiguiente, haber dado
tranquilidad a las familias que tanto lo veníamos demandando. No hay excusas.
Tampoco económicas puesto que no se puede escatimar en seguridad ni en
educación y, menos, cuando Andalucía cuenta, además de sus propios recursos,
con 384 millones de euros extra del Gobierno de España para invertir en
Educación y, en concreto, en medidas de seguridad para garantizar espacios
libres de Covid en las aulas andaluzas. Han tenido tiempo y tienen dinero, pero
no han hecho nada lo que significa que Moreno Bonilla tiene una incapacidad
manifiesta para gestionar. Ha fracasado y, en su fracaso, ha originado confusión
entre las familias a las que nos tiene indignadas y más preocupadas que nunca
porque vemos cómo la Junta, la administración competente, ha descargado toda la
responsabilidad en los ayuntamientos y en la comunidad educativa a la que no ha
facilitado los recursos necesarios ni las pautas a seguir en esta situación que
les ha sobrevenido.
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