La presidenta de la Federación Andaluza de
Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental, Cristina González, se ha
reunido con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para informarle de la
urgente necesidad de incrementar los recursos destinados a los servicios y
programas que prestan las asociaciones de salud mental, atención primaria y
especializada para velar por el bienestar de este colectivo especialmente
vulnerable.
La reivindicación de Feafes Andalucía es
que haya un aumento para habilitar recursos que sean una alternativa a las
cárceles para las personas presas con problemas de salud mental, así como
planificar medios asistenciales donde prácticamente son inexistentes, como es
el caso de la asistencia infantojuvenil y los nuevos trastornos mentales que
están apareciendo en la pandemia.
En este sentido, la presidenta de Feafes Andalucía, Cristina González, como representante de las más de 18.000 familias andaluzas a las que la Federación presta apoyo ha pedido al Defensor del Pueblo que desde su posición “haga todo lo posible porque la salud mental no quede relegada en los presupuestos del próximo año a un segundo plano”.
Por su parte, el Defensor ha mostrado su apoyo y preocupación ante las necesidades urgentes que le ha trasladado Feafes sobre la situación de las personas con problemas de Salud Mental en Andalucía, mostrando su compromiso de continuar con el trabajo que la Institución viene desempeñando para la mejora del colectivo en general y, particularmente, en materia de salud mental en las prisiones.
Un informe del Senado sobre las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud realizado en 2010 estimó que había 4,3 psicólogos por cada 100.000 habitantes, frente a la media europea de 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Según la información facilitada al Defensor por el Ministerio de Sanidad, dicha ratio se situó en 2018 en aproximadamente 6 psicólogos. Una cifra todavía muy por debajo de las necesidades reales de la población, por lo que Feafes Andalucía demanda que puedan garantizarse los recursos necesarios que den estabilidad a los programas y servicios que se prestan, si queremos prevenir una crisis de salud mental.
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