El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez-Zapatero situó, hace ahora 15 años, a la vanguardia de los países avanzados en cuanto a servicios sociales. Y lo hizo promulgando la Ley de Dependencia que garantizaba como derechos una serie de prestaciones a las personas en situación de dependencia.
Cuando hablamos de Dependencia nos referimos a un sector que ayuda a las personas dependientes usuarias de recursos como la ayuda a domicilio, los centros residenciales o los centros de día o de noche, entre otros. En esta pandemia son diversos los sectores del trabajo que se han descubierto como esenciales y uno de ellos, sin duda, es el sector de la dependencia.
Por otro lado, existe un artículo, el 24 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que nos dice que las personas que estén en situación de dependencia tienen derecho a acceder, en los términos que establezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad, con garantía pública, necesarios para su desarrollo personal y social.
Pues bien, con todo esto, durante el Gobierno del PP de Rajoy, siendo Juan Manuel Moreno Bonilla el secretario de Estado de Servicios Sociales, vimos cómo ambos no respetaron la financiación prevista inicialmente en la Ley de Dependencia, de financiación al 50%, disminuyendo la aportación estatal. Esto demuestra el nulo compromiso del actual presidente de la Junta de Andalucía con el Sistema Andaluz de Dependencia. Es grave tener que denunciar que, en un contexto como el actual que estamos viviendo, estamos ante un sector tan esencial como precario, a causa de la gestión de las derechas en Andalucía.
El sistema de gestión precisa de evidentes mejoras. Existen unos 65.ooo expedientes con derecho sin resolver, según admite el propio Gobierno andaluz, quien ya hace casi dos años que prometió reducir las demoras y, al parecer, han ido a saco roto. Además, existen expedientes pendientes de resolución y sin valoración, que sobrepasan los 46.000.
El Gobierno andaluz de Moreno Bonilla ha llevado a cabo un acuerdo que los socialistas consideramos un nuevo atropello al municipalismo y, en concreto, a las competencias públicas de los servicios sociales y a sus profesionales, los cuales se ven cuestionados por el Ejecutivo de la Junta de Andalucía y que, pese a ello, siguen trabajando con más voluntad que recursos. Desde el PSOE entendemos que este tipo de iniciativas deben debatirse y no imponerse mediante la política de hechos consumados. Como bien sabemos, los Servicios Sociales Comunitarios son los ejecutores en el territorio de las políticas sociales, y es de sentido común que si se introducen cambios significativos se hubieran debatido, previamente, con los agentes sociales. Se trata de consideración y lealtad que, de momento, el Gobierno andaluz de las derechas, parece no tener con este sector. Con esta novedad, el Gobierno de Moreno Bonilla pretende priorizar la tramitación de expedientes de Grado I -dependencia moderada-, frente a los de Grado II -dependencia severa- y Grado III -gran dependencia- que son los que deberían resolverse con mayor celeridad puesto que las personas que se beneficiarán de ellos se encuentran en peores situaciones; ellos y, por consiguiente, sus familias.
Creemos que es necesario consensuar un Plan Andaluz de Mejora de la Dependencia, respetando la labor de las y los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios, ya que
los Servicios Sociales Comunitarios son la puerta de entrada de la demanda social de la ciudadanía y, por tanto, de la atención de las necesidades que se presenten en materia de dependencia.
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