Si hay algo que gusta, en especial, al equipo de gobierno de la
Diputación Provincial es el boato. Se deleitan en la publicidad, en la
propaganda y en el autobombo solapando lo importante, que es la gestión y la
cogobernabilidad que se ha de tener con los 103 pueblos. Al presidente y número
dos del PP provincial le gusta alardear de ser el primero en determinadas cosas.
No es mi intención verter dudas o detenerme en los hechos por los que él mismo
se ha aupado hasta la primera posición en el podio con anterioridad pero, hay
un hecho reciente por el que yo mismo le pongo la medalla y le entrego el
trofeo como ganador indiscutible.
Javier Aureliano García Molina ha
sido el primero y, en su caso, el único presidente de una diputación provincial
andaluza que ha pasado por alto la voluntad de los pueblos de su provincia ante
un hecho histórico, como es nuestra participación en el Plan Nacional de
Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y por el que se
distribuirán 140.000 millones de euros procedentes de fondos de la Unión
Europea para paliar los devastadores efectos de la pandemia de coronavirus.
Todos los presidentes y
presidentas de diputaciones provinciales andaluzas han dirigido cartas a sus
ayuntamientos o se han reunido con las diferentes mancomunidades de municipios
para pedir algo lógico y simple, sus opiniones e iniciativas. Los demás
presidentes han atendido y escuchado a los pueblos como es su obligación y,
además, obedeciendo a lo dictado tanto desde la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias como desde la Junta de Andalucía que han pedido,
explícitamente, que se contara con los ayuntamientos en la elaboración de las
propuestas.
Estos fondos, procedentes de
Europa, supondrán unos recursos fundamentales para la recuperación de los
territorios y su inversión estará orientada a impulsar grandes proyectos de
futuro, lo que supone una oportunidad de desarrollo. Todos los pueblos
andaluces han tenido la suerte de opinar, de alzar la voz y de pedir por su
localidad y por su comarca. Todos, menos los almerienses. Y no ha sido así
porque el presidente provincial nos lo ha negado a conciencia. Tiene en su haber,
como sus homólogos andaluces, una misiva del vicepresidente de la Junta de
Andalucía en la que se da la directriz de contactar con los ayuntamientos para
aunar criterios a la hora de hacer llegar las propuestas que la administración
andaluza elevará, a su vez, al Gobierno central. García Molina no ha querido.
No nos ha llamado, no nos ha escrito ni nos ha reunido y ha cocinado él solo lo
que pedirá por Almería en un acto sin precedentes de deslealtad institucional y
de ninguneo a las administraciones locales a las que se debe.
Sólo él ha actuado de esta manera contra los intereses particulares de los pueblos y generales de la provincia erigiéndose en la única voz autorizada para opinar y para decidir por el futuro de esta tierra. En esta ocasión, no debe tratarse de una consigna de partido, puesto que el presidente de la Diputación de Málaga, del PP, ha contado con los ayuntamientos para realizar su lista. En Cádiz van por 1.200 fichas y en Huelva, su presidenta, abrió una oficina específica para acoger las propuestas de los municipios y ha realizado una ruta por las comarcas, al igual que en Granada. Y mientras, nuestro presidente, ¿a qué se dedicaba? ¿Por qué nos ha ocultado la información?, ¿Qué pretende silenciando a los municipios? El presidente ha hecho lo que ningún otro y, ante esa actitud, los alcaldes socialistas hemos elaborado nuestras propuestas, que han sido depositadas en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para su traslado al Gobierno de España. De otro lado, los socialistas le hemos solicitado la celebración de un pleno extraordinario y urgente para ver si así nos cuenta lo que nos ha negado conocer de primera mano.
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