Este fin de semana concluye el estado de alarma, una figura legal
que nos ha facilitado afrontar con garantías los peores meses de la pandemia. La reducción de la tasa de incidencia y la
extraordinaria evolución de la vacunación nos permiten ahora ser moderadamente
optimistas en este nuevo escenario y en los meses que tenemos por
delante, pero siempre bajo la premisa de que el virus sigue entre nosotros.
Responsabilidad, por tanto.
En todo caso, ha llamado
poderosamente la atención en los últimos días que el Gobierno andaluz de las
derechas haya hecho de esto un nuevo elemento de confrontación con el Gobierno
de España, máxime cuando hace
justo un año Moreno Bonilla pedía la finalización de esta figura jurídica. Es
decir, cuando peor estábamos quería que decayera y ahora se queja de que no se
prolongue.
Lo más delirante de todo es que a la vez que critica al Gobierno de España por no extenderlo, el presidente andaluz da a conocer las medidas que PP y Ciudadanos han aprobado, donde se contempla un calendario de aperturas que echa por tierra todas sus críticas. Decir una cosa y la contraria sin despeinarse es algo muy común ya en Moreno Bonilla.
El Gobierno andaluz lleva meses
usando la pandemia para confrontar con el Ejecutivo central, generando una
enorme confusión, que es, por otra parte, una de las características
fundamentales de su gestión. Resulta
indecente que se trate de engañar a la gente de esta manera, puesto que
la comunidad tiene herramientas legales suficientes para adoptar las medidas
que considere oportunas tras el estado de alarma.
Pero no nos dejemos engañar. Mientras Moreno Bonilla desvía la atención hacia estos asuntos, la realidad que viven los andaluces y andaluzas es de una total incertidumbre, puesto que el Gobierno de PP y Ciudadanos no avanza ni un solo milímetro en todo aquello que ya debería estar sobre la mesa para iniciar la recuperación económica que Andalucía necesita con urgencia.
Llegados a este punto, es preciso recordar que el presidente andaluz
ha dejado de invertir en dos años 900 millones de euros en políticas de empleo y
ha eliminado los planes de empleo que el anterior gobierno socialista puso en
marcha junto a los ayuntamientos. Esta medida es hoy más necesaria que nunca, y
si no que vayan y se lo pregunten a las miles de familias que sufren el
desempleo en la ciudad de Almería, Roquetas de Mar o El Ejido, por ejemplo.
Estos planes, además, deben ir acompañados de un refuerzo real y adecuado de la sanidad pública y de un apoyo económico potente de la Junta a los sectores que peor lo están pasando en esta crisis, como son el turismo, la hostelería o el comercio.
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