En los últimos días hemos observado cómo
han realizado diversos movimientos de tierra en el emplazamiento de la
macrogranja proyectada en la pedanía de Gacía, en el término municipal de
Huércal overa, todo apunta a que se está allanando el terreno para la construcción
de las naves y las balsas de purines, lo que se traduce una desolación para
vecinos y familias de agricultores afectados, quienes se plantean denunciar al
ayuntamiento e incluso abandonar cultivos.
Después de una sentencia en primera
instancia favorable al promotor únicamente apelando al silencio administrativo,
nos vemos en el deber de informar que ésta ha sido recurrida por Ecologistas en
Acción Almería y que se encuentra aún en un proceso administrativo, al que el
Ayuntamiento de Huércal overa ha rehusado personarse. Desde la plataforma
Pueblos Unidos contra las Macrogranjas denunciamos el comportamiento del
ayuntamiento en el contencioso, ya que en esta primera instancia la defensa del
consistorio a la demanda del promotor ha sido nula. Consideramos este hecho
especialmente grave por las siguientes razones: por un lado, por el pleno
conocimiento de la preocupación de los vecinos, quienes recogieron más de 6.000
firmas y presentaron una treintena de escritos que no han sido respondidos por
esta administración; por otro, por la plena constancia de este ayuntamiento de
dos informes técnicos financiados por el propio ayuntamiento que impugnan
directamente la licencia al reconocer lo siguiente: los valores naturales,
ecológicos y paisajísticos de la pedanía de Gacía, en la que se encuentran
especies en peligro de extinción y explotaciones familiares tradicionales,
reconociendo explícitamente la exclusión de ganadería industrial en la zona; y,
por otro lado, la saturación en todo el municipio y la contaminación de suelos,
de agua y de tierra en todo el municipio por parte de este tipo de actividades
(página 42 y 43 del informe adjuntado). Nos parece especialmente grave el hecho
de que el ayuntamiento no haya presentado en el juzgado este tipo de
documentación teniéndola en su pleno conocimiento, por lo que estamos
estudiando medidas penales contra esta administración.
¿Por qué esta granja nos aboca al
desahucio?
Los vecinos y agricultores de Gacía llevan
librando durante casi 4 años la batalla contra una administración, vacilante y
opaca, con continuos movimientos disuasorios e estériles lavados de imagen.
Para muchos vecinos supondría el abandono
de sus viviendas, debido a los problemas de salud de varios de ellos, un hecho
que consta personalmente a alcalde y concejales. Recordamos que en el mismo
proyecto se desglosan los niveles industriales de amoniaco, metano y sulfuro de
hidrógeno.
Por otro lado, las huertas familiares
ecológicas, de extraordinario valor se ven obligadas a cambiar de municipio por
las siguientes razones:
1. La imposibilidad de fijar polinizadores
para los cultivos o las explotaciones de miel. En solo un año una familia
apicultores ha perdido el total de las 50 colmenas que poseían.
2. La inseguridad de las tierras frente a
continuos movimientos que desvían el agua a las tierras y cultivos. En los
últimos años venimos no sólo denunciando movimientos de tierra que terminan
desviando el agua a cultivos ajenos, sino que incluso hemos documentado
enfangamientos por purines en fincas ecológicas. Sin una ordenanza municipal
que proteja a estos agricultores de los continuos daños provocados por
terceros, lo más óptimo para ellos es cambiar de tierras.
3. La pesada labor del campo se ve
endurecida por el hecho de la densidad de un ambiente cargado de moscas y
hedores. 3.000 metros cúbicos de purines al aire libre junto a una explotación
familiar deja a esta familia y a sus distribuidores en una posición complicada.
No hay que olvidar que en la propia pedanía se encuentran un total de cuatro macroexplotaciones que ya suponen una merma para la calidad de estos vecinos, que llevan incansablemente luchando contra viento y marea durante cuatro años. La pedanía de Gacía cuenta con una biodiversidad y valores paisajísticos, ecológicos y económicos fruto del esfuerzo de las familias agricultoras y que han visto como en la última década sus problemas para sobrevivir y conservar su entorno y su modo de vida choca con una administración posicionada en contra de sus intereses.
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