El Gobierno de España no cesa en su trabajo y en su empeño de
promover el avance de toda la sociedad, en su conjunto, y sin dejar a nadie
atrás. Así, tras el duro golpe que está suponiendo la pandemia por coronavirus
e iniciado el ansiado proceso de recuperación, el Ejecutivo de Pedro Sánchez
persigue la consecución de nuevos derechos con una recuperación justa y rápida
de todos los sectores sociales y, al mismo tiempo, nos hace crecer como país
recuperando derechos y políticas públicas que se arrebataron por los gobiernos
de la derecha en la pasada crisis económica. Su gestión es es garantía de
cumplimiento con los compromisos adquiridos y de tener en cuenta el interés
general de la ciudadanía. Lo hemos visto
con el Salario Mínimo, lo vemos con la Reforma Laboral y, recientemente, con el
Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, que marcará los próximos años y con el
bono de alquiler para jóvenes de hasta 35 años.
El derecho constitucional de la vivienda ha sido, desde el primer
momento, un pilar fundamental del Gobierno de la nación y se ha hecho siempre
en diálogo y acuerdo con las comunidades autónomas, aunque en las gobernadas
por el PP, como es el caso de Andalucía, sus dirigentes traten de actuar contra el
interés general rechazando los acuerdos que pueden permitir a los jóvenes y a
miles de familias construir sus proyectos de vida. No quieren ver que la vivienda se está convirtiendo en el quinto
pilar del estado del bienestar de nuestro país. No lo ven y, lo peor, es que
tratan de impedirlo.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 destinan la mayor
cuantía de toda la historia de nuestra democracia a vivienda, con 3.290
millones de euros frente a los ridículos 475 millones del Gobierno de Rajoy. A esto
se añaden ahora otras medidas como que los jóvenes de hasta 35 años podrán
beneficiarse de ayudas que van desde el precio del alquiler del piso o de una
habitación con cuantías que oscilan entre los 250 y los 300 euros en función de
los ingresos y de otros requisitos que contempla la norma.
Estamos ante una nueva medida de país que permitirá un gran avance social y que permitirá que el derecho a la vivienda digna pueda ejercerse en condiciones asequibles para que esta deje de ser para miles de familias un bien de lujo al que no pueden optar para convertirse en una marca nuestra Constitución Española.
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